Las prestaciones abonadas por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en los tres meses transcurridos de 2011 ascienden a 344,103 millones de euros, un 17,42% más que en el mismo periodo de 2010. De esta cuantía, 122,482 millones corresponden al pago de salarios y 221,622 millones al pago de indemnizaciones.

El total de trabajadores que han percibido prestaciones en los tres meses referidos de 2011 han sido 57.749, un 3,8% más que en igual periodo de 2010. Los expedientes resueltos en estos tres meses han sido 35.612, lo que supone un incremento del 16,27% sobre el mismo periodo de 2010, han afectado a 22.792 empresas, un 15,02% más.

Según los sectores de actividad los trabajadores que han percibido prestaciones pertenecen en su mayoría al sector servicios, el 46,69%, a la construcción el 26,98%, a la industria el 24,33%, y al agrario el 0,89%.

Respecto a las prestaciones abonadas es igualmente en el sector servicios donde más prestaciones se han pagado, con un total de 147,995 millones, al sector industrial 102,469 millones, a la construcción 88,176 millones y al agrario 2,851 millones.

Las comunidades autónomas que han concentrado el mayor pago efectuado por el Fogasa hasta marzo han sido Cataluña (93,617 millones), Comunidad Valenciana (44,627 millones), Andalucía (36,636 millones), País Vasco (29,71 millones) y Madrid (28,105 millones). Estas cinco comunidades consumen el 67,62% del total abonado.

Les siguen en cuantía de prestaciones y que han pagado más de 15 millones de euros: Canarias (16,834 millones) y Castilla-La Mancha (15,818 millones).

Han pagado más de diez millones de euros Galicia (14,605 millones), Castilla y León (14,023) y Aragón (10,779); más de cinco millones Murcia (9,749), Asturias (7,428) y Navarra (6,714); más de cuatro millones de euros Baleares (4,332), Cantabria (4,266) y Extremadura (4,116); y más de dos millones de euros La Rioja (2,532) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (0,223 millones).

Según el sindicato, el Fogasa cumple una importante función en tiempos de crisis, ya que, aún con limitaciones, garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso de la empresa.