El convenio, cuya duración es de seis meses, fue suscrito en un acto por la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo.

Se trata, según el Gobierno, de una medida temporal y provisional cuyo objetivo es garantizar la continuidad y normalidad en la prestación de este servicio público, necesaria para la adecuación al ordenamiento jurídico de la gestión de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de marzo.

“Hemos hecho un trabajo rápido, de rigor y con responsabilidad con el conjunto de la Administración y la ciudadanía andaluza. Con esto se ha puesto de manifiesto el compromiso del Gobierno de España con Andalucía de dar una pronta respuesta a través del mecanismo adecuado, como lo es el convenio de la encomienda”, resaltó la ministra.

Las medidas estipuladas en el convenio afectan únicamente a las actividades materiales, técnicas o de servicios relacionados con las funciones, los servicios y los medios que en su día fueron traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Según la ministra Aguilar, la “encomienda de gestión” es la fórmula adoptada en el convenio, por ser la medida que mejor responde a las necesidades de compromiso mutuo y urgencia de una solución.

Asimismo, especificó que el convenio permite poner en marcha, de modo rápido, el procedimiento que evite cualquier efecto negativo en la gestión de la cuenca, al tiempo que dota de seguridad jurídica a las actuaciones de los órganos administrativos desde el momento de la entrada en vigor de dicha sentencia.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente de Andalucía destacó la seguridad jurídica otorgada por el convenio. “Es una auténtica garantía para que los servicios se puedan seguir prestando en las mejores condiciones y garantizar, desde la certidumbre, la administración de ese recurso hídrico, que transcurre por la Comunidad Autónoma de Andalucía”, aseguró.

Los actos y resoluciones dictados en aplicación del artículo 51 del Estatuto de Autonomía con anterioridad a la vigencia de la sentencia no son susceptibles de ser revisados.

El convenio establece que la comunidad autónoma se hará cargo de los gastos derivados de la ejecución de la encomienda de gestión. En ese sentido, le corresponden los ingresos obtenidos por la recaudación de cánones y tarifas integrantes del régimen económico-financiero del dominio público hidráulico, sanciones e indemnizaciones, junto con el resto de los medios financieros traspasados.

La ministra detalló que se constituye una comisión de seguimiento integrada por seis representantes de la Administración General del Estado y otros seis de la Comunidad de Andalucía.

Aguilar indicó que la comisión se reunirá tantas veces como sea necesario para la coordinación y el mejor cumplimiento de las actuaciones recogidas en el convenio.

“Cada una de las administraciones cumplimos con las competencias que tenemos, y se continúa el trabajo en el marco de la subcomisión, que será la que trace el itinerario definitivo en relación al Guadalquivir, para el cumplimiento pleno de la sentencia del Tribunal Constitucional”, aseguró la ministra del Medio Ambiente.