Estos hechos, que tuvieron lugar “de forma concreta en dos comunidades en el momento más álgido de la pandemia”, aún “no han merecido la más mínima reflexión ética, moral o política”, se lamentó ante la Ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España, constituida en el seno de la Comisión de Derechos Sociales.

A su juicio, esta falta de reflexión pone de manifiesto una “deuda social con el colectivo de personas mayores con discapacidad” y genera la duda de “si, llegada la ocasión, no se volverían a aplicar” las mismas directrices discriminatorias.

Por ello, García Bilbao reclamó que en cualquier acto médico cada caso sea valorado “individualmente, con criterio exclusivamente clínico, psicológico y social”. “Los criterios de priorización deben ser objetivos, éticos y trasparentes, aplicarse equitativamente y hacerse públicos si fuera necesario”, recalcó.

Por otro lado, destacó “el deterioro en la salud física y mental” de las personas mayores y con discapacidad fruto de las restricciones y medidas de seguridad impuestas por la pandemia.

En líneas generales, estas han visto empeorar su acceso a una alimentación de calidad, a los cuidados, al ejercicio físico y a las relaciones sociales, por lo que exigió “protocolos e itinerarios específicos” para cuando estas personas reciben el alta hospitalaria, incrementar el número de profesionales especializados en su atención y la puesta en marcha de recursos sociosanitarios innovadores capaces de dar solución a sus distintas necesidades.

Según García Bilbao, las consecuencias derivadas de la pandemia han supuesto un aumento de la percepción de soledad no deseada entre las personas mayores, fruto muchas veces de la falta de compañía en los hospitales, en las residencias y en sus domicilios.

“Esta soledad no deseada supone uno de los principales riesgos para el deterioro de la salud”, dijo citando a la OMS, y reclamó un “plan nacional urgente” contra esta situación, que ayude a detectar casos y a ofrecer un tratamiento ajustado a cada persona.

Por último, subrayó el papel positivo que las tecnologías de la comunicación pueden tener en la calidad de vida de las personas mayores, y puso como ejemplo el consuelo que las videoconferencias trajeron a muchas personas aisladas en el hospital o en las residencias. Llamó a considerar características como la edad o la discapacidad en el diseño de estas tecnologías.

ESTADÍSTICAS

En su intervención, García Bilbao destacó que casi el 20% (19,58%) de la población española tiene 65 años o más. Una de cada diez personas entre 65 y 74 años y una de cada dos a partir de los 85 no son autónomas, agregó, y “más de la mitad de la población mayor de 64 refiere que no puede realizar las tareas del hogar sin ayuda”.

“La frecuencia de las dificultades se incrementa escalonadamente con la edad, desde una prevalencia de cuatro de cada diez personas en el grupo de 65 a 74 años hasta a ocho de cada diez entre las personas de 85 y más”, señaló.

De ahí la necesidad de considerar las necesidades de este colectivo, así como del particular impacto del envejecimiento en función del género, la clase social o la discapacidad, explicó el responsable de Cermi.

En su opinión, las personas que han convivido con una discapacidad desde jóvenes “disponen de una gran experiencia que enseñar” a aquellas personas que la adquieren con el paso de la edad y el deterioro físico, circunstancia que suele generar “muchas tensiones” a ellas y a sus familias.

Con todo, García Bilbao llamó a prestar atención a las particularidades del envejecimiento en las personas con discapacidad, ya que, por ejemplo, quienes tienen discapacidad intelectual sufren un envejecimiento prematuro a partir de los 45 años (de los 40 en el caso del síndrome de Down y algunos autismos).

Señaló también que “La experiencia de envejecer es diferente para hombres y mujeres”. “Una buena parte de esas diferencias tienen un origen biológico”, apuntó, “pero también un contexto sociocultural, es decir, de aislamiento, bajo nivel cultural o mal estado de salud que en muchas ocasiones agravan su indefensión”.

“Las mujeres mayores sufren una doble discriminación, que se agrava si además viven en el mundo rural”, declaró. A esto hay que agregar que muchas de ellas pueden ser cuidadoras de otros mayores y que, durante la pandemia, se han visto obligadas a continuar con sus tareas de forma muy precaria.

Finalmente, pidió impulsar iniciativas que fomenten la autonomía y la participación plena en la comunidad de las personas mayores con y sin discapacidad, en la línea del proyecto Grandes Vecinos De Madrid o del programa Activa tu Barrio de Vitoria. En ambos, se promueven los vínculos y las relaciones de apoyo entre personas mayores y el resto del vecindario, una relación que finalmente beneficia a todos los participantes.