Lo dijo durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de la Unión Europea del Congreso de los Diputados para explicar el principio de acuerdo alcanzado con Londres sobre Gibraltar tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

La jefa de la diplomacia española explicó “cuánto nos hubiese costado un ‘no acuerdo’” entre la UE y Londres sobre el 'Brexit': una caída del PIB comunitario de entre el 0,71% y el 2,3%, una “seria amenaza” para las exportaciones españolas al Reino Unido, una “perspectiva complicada” para los servicios turísticos españoles y un “panorama con poca claridad” para la inversión británica directa en España.

Arguyó que “el acuerdo no es perfecto, pero con él ambas partes entran en una nueva fase de su relación”, una entente que el Gobierno celebra “por cuanto sirve para despejar muchas de las amenazas que suponía la falta de acuerdo, esas nubes oscuras que les he querido describir”.

La ministra expuso que el compromiso alcanzado el pasado 24 de diciembre entre la UE y el Reino Unido se alcanzó sobre tres acuerdos: un pacto de comercio y cooperación, uno sobre seguridad de la información y otro sobre cooperación nuclear civil.

González Laya consideró de “singular importancia” la plasmación, como dijo que se ha logrado, de un marco de coordinación en materia de seguridad social, lo que permitirá que queden amparadas las pensiones de jubilación y viudedad y las prestaciones sanitarias de los miles de nacionales británicos que cada año deciden fijar su residencia en nuestro país.

También saludó el acuerdo en materia pesquera y los contenidos en él incluidos sobre la cooperación policial y judicial penal.

La ministra ensalzó el trabajo de los gabinetes ministeriales del Gobierno para adaptarse al cambio de circunstancias provocado por el ‘Brexit’, de los equipos negociadores, de las instituciones europeas y de los Estados miembros.

Arguyó que el acuerdo “preserva” los intereses españoles, lo que le permitió anunciar su próxima comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para solicitar la convalidación del real decreto aprobado el pasado mes de diciembre en el Consejo de Ministros por el que se adapta el ordenamiento jurídico español a la situación generada tras el ‘Brexit’.

A su vez, puntualizó que “el acuerdo no congela las relaciones entre el Reino Unido y la UE de manera definitiva. Al contrario, creo que debe ser visto como un zócalo a partir del cual se reconstruirá la relación”.

Por último, llamó a centrar los esfuerzos para “asegurar que la aplicación de las diferentes dimensiones del acuerdo se realiza de acuerdo con nuestras necesidades e intereses y en beneficio de nuestros ciudadanos, trabajadores y empresas”.