Esta fue una de las cuestiones que se han abordado durante la reunión del Comité Ejecutivo del Cermi Estatal. De esta manera, espera que el trato para las personas con discapacidad sea “preferente” y no se repita lo vivido durante la gestión de los primeros meses de pandemia.

De hecho, fue el propio Cermi el que, a finales del 2020, realizó un trabajo de incidencia política para que estas personas estuvieran entre los grupos prioritarios. Pero, según manifestó el presidente de Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, cuando se ha comenzado con la estrategia “las dudas, los cambios de criterio y la desigualdad han sido cuestiones muy habituales que se han dado de diferente manera en función de los territorios”.

Otra cuestión es la necesidad de elaborar una definición propia de grupos de riesgo frente al coronavirus puesto que existen criterios de vacunación frente a otras enfermedades que tienen en cuenta a ciertos grupos de la población, pero no concretamente para esta nueva vacuna. En este sentido, el movimiento Cermi reivindicó la importancia de conocer cuáles son exactamente estos grupos de riesgo y cómo van a ser tenidos en cuenta a la hora de ser vacunados contra la Covid-19.

A esto se suma la ausencia de las medidas de accesibilidad para las personas receptoras de esta vacuna, a las que, según Cermi, la información esencial no llega en formatos accesibles para adoptar una decisión informada y decidir libremente sobre ello. “Está habiendo muchas dificultades en entornos donde se practica la vacunación puesto que existe una ausencia de la lengua de signos, el subtitulado o accesibilidad física y cognitiva”, sentenció Pérez Bueno.

Además, durante el Comité Ejecutivo se debatió sobre las cuestiones más relevantes en relación a la agenda política de la discapacidad para el año 2021 como por ejemplo reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido'; la reforma del Código Civil en materia de discapacidad; la tramitación de la Proposición de Ley que busca garantizar la accesibilidad cognitiva; la Proposición de Ley Orgánica del derecho a la eutanasia; la Ley de Propiedad Horizontal; o el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Por último, también se trataron temas relacionados con la promoción de estudios para el planteamiento de un nuevo modelo de sostenibilidad económica del sector social de la discapacidad y otros; se dio lectura al borrador de la Memoria de Actividades del Cermi Estatal correspondiente al Ejercicio 2020; y se hizo alusión al 25º aniversario de la Federación de Daño Cerebral Adquirido (Fedace), que tuvo lugar en 2020.