Así lo demandaron en un comunicado en el que recordaron que la OMC acoge mañana una nueva ronda de negociaciones sobre esta propuesta, que ya secundan cien países, para aplicar una exención sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías contra la Covid-19 mientras dure la pandemia.

Asimismo, crearía un espacio de colaboración entre países para impulsar la I+D, la producción y el suministro de dichas herramientas para la Covid-19, según precisaron ambas organizaciones, que criticaron la oposición de “un pequeño grupo de miembros como la UE, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Suiza y Australia”.

A su juicio, en el actual contexto de “evidente tensión” entre la oferta y la demanda de vacunas y de “absoluta falta de transparencia” en los contratos de compra”, suspender las patentes daría entrada a más fabricantes y permitiría aumentar la producción”, por lo que exigieron a los países ricos que “apoyen, o al menos no obstaculicen, la exención temporal en la OMC”.

Por lo que respecta a España, pidieron al Gobierno que apoye la propuesta de Sudáfrica e India y la C-TAP, una iniciativa de la OMS para compartir el conocimiento científico desarrollado contra la Covid-19 de forma voluntaria, y lamentaron que, hasta ahora, España no ha mostrado su respaldo a ninguna de las dos, a pesar de que reconoce la vacuna “como un bien público” y admite la “necesidad de compartir la propiedad intelectual” para afrontar la pandemia “de manera global” y garantizar “la equidad y el acceso” a la misma.

Por otra parte, ambas entidades consideraron “positivo, pero insuficiente” la intención de compartir sus excedentes de vacunas y canalizarlos a través de iniciativas como el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 Covax para que lleguen a países de renta baja y renta media-baja.

En este sentido, la investigadora de Salud por Derecho Irene Bernal advirtió de que compartir unos excedentes “puede paliar una situación de emergencia, pero no solucionar los enormes problemas de acceso actuales y que han dado lugar a una desigualdad dramática entre los países más ricos y más pobres”. “La situación excepcional y sin precedentes en la que nos encontramos requiere de medidas extraordinarias para que todos los países puedan utilizar toda la propiedad intelectual, el conocimiento y los datos relacionados con las tecnologías sanitarias Covid-19 y ampliar la capacidad de producción”, espetó.

En la misma línea, la responsable de Relaciones Externas de MSF, Raquel González, lamentó las “enormes tensiones” que existen actualmente en el mercado y las “negociaciones opacas propias de un ‘mercado persa’” por las que “los países que más pagan son los que más población tienen vacunada” y las farmacéuticas “abusan y operan con impunidad mediante acuerdos de compra bilaterales secretos”.

“Todo ello tiene lugar con unos niveles de financiación pública recibidos que no tienen precedentes”, denunciaron ambas organizaciones, para, a continuación, advertir de que el “acaparamiento” de vacunas por los países ricos “ha venido a generar una mayor desigualdad en el acceso”.

Tras puntualizar que la propia UE está valorando invocar el artículo 122 del Tratado Europeo para forzar a empresas farmacéuticas a compartir su patente para que otros laboratorios pudieran producir vacunas, González explicó que la exención “permitiría esto mismo, pero de forma global y haría que este reconocimiento, hasta ahora retórico, fuera real, y se tradujera en una producción suficiente”.

Las dos organizaciones recordaron que, de salir adelante esta propuesta, no sería la primera vez que los miembros de la OMC adoptaran una exención, ya que, en 2001, “en plena pandemia” del VIH/sida, los estados llegaron a un consenso para una exención que permitía a los países que producen medicamentos genéricos bajo una licencia obligatoria suministrar los fármacos a otros países que carecían de la capacidad de fabricación necesaria para producirlos ellos mismos.