Así, en un llamamiento a la “necesidad de implementar todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos procedentes de los fondos europeos”, y que reconoce “fruto de la decidida voluntad del Gobierno de liderar ese proceso”, se realizan varias recomendaciones sobre el articulado remitido al órgano consultivo para que se tengan en cuenta.

El Consejo de Estado vertió su parecer en el informe fechado el 21 de diciembre, días antes de aprobarse en el Consejo de Ministro del 30 de diciembre el Real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que supone el instrumento para la captación de los fondos europeos de más de 140.000 millones de euros provenientes de la Unión Europea.

El informe publicado este lunes por el Consejo de Estado era “demoledor” para el Ejecutivo, según Partido Popular y Ciudadanos, y por eso acusaban al Gobierno de no adjuntarlo como documentación dentro del expediente remitido a las Cortes para la convalidación del este real decreto. Finalmente, por la negativa de PP y de Cs a esta convalidación, a la que también se sumaron otros grupos socios parlamentarios del Gobierno como ERC, el real decreto-ley fue convalidado y tramitado como proyecto de ley gracias al voto favorable de Vox.

En el informe de 97 páginas analizado por Servimedia, la institución que preside la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega señala que, una vez las “observaciones” de carácter “esencial” sean tenidas en cuenta, el texto del Ejecutivo podría elevarse para aprobación en el Consejo de Ministros.

El Gobierno, según fuentes consultadas por Servimedia, defiende que “la mayoría de las cuestiones que plantea ya fueron incorporadas al decreto ley” que finalmente recibió el visto bueno del Ejecutivo en el último Consejo de Ministros de 2020 y que fue convalidado por el Congreso de los Diputados.

Entre las peticiones del informe consultivo no preceptivo del Consejo de Estado está la elaboración de una “memoria del análisis de impacto normativo” del RDL aprobado que recoja, “para cada una de las previsiones que suponen una flexibilización de los mecanismos de control, una explicación detallada de las razones que la justifican y de los beneficios que a ella se anudan” así como “la pertinencia de que la memoria realice también un estudio, aunque sea aproximativo, del impacto presupuestario de las medidas previstas”.

Además, el Consejo de Estado llama a “la necesidad de extremar el celo en la fase preparatoria de los contratos, articulando mecanismos que aseguren que los proyectos son viables, y de establecer un riguroso y eficaz sistema de responsabilidades para los autores de los proyectos y sus supervisores”. “Esto resulta especialmente relevante”, dice, “para los contratos que se adjudiquen en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, si se busca garantizar un uso adecuado de los recursos incluidos en el Instrumento Europeo de Recuperación”.

El informe hace incluso un apunte al propio nombre del RDL porque “el proyecto no solo establece los instrumentos para la gestión del citado Plan sino que también crea el Plan mismo, define su naturaleza y contenido, fija el procedimiento para su elaboración y aprobación y establece las estructuras de gobernanza requeridas”.

Por lo demás, alerta el propio informe del Consejo de Estado, “conviene no olvidar que la plena efectividad del Real Decreto-ley dependerá en gran parte de la adopción de las medidas precisas para su correcto desarrollo tanto desde el punto de vista normativo (aprobación de los desarrollos reglamentarios precisos) como desde el punto de vista de su ejecución (dotación de recursos materiales y humanos”.