Durante un diálogo sobre 'Asistencia personal por derecho’ organizado por Predif y la agencia de noticias Servimedia, cuatro expertos en discapacidad y asistencia personal reclamaron vincular este derecho al proyecto individual de cada persona y no excluir a nadie “ni por razón de edad, ni por su situación laboral, ni por grado de dependencia ni por tipo de discapacidad “, que son algunas de las limitaciones que existen en la actualidad.

El director de Innovación y Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús Hernández, lamentó que la actual Ley de la Dependencia prevé que solo las personas con trabajo, que estén estudiando o realicen algún tipo de activismo social pueden acceder a esta prestación.

A su juicio, “esto supone negar por ejemplo el derecho al ocio” de las personas con discapacidad, así como a “decidir sobre su proyecto vital”. “Se ha dado el caso de personas que se jubilan y que se han tenido que matricular en la universidad para poder mantener este apoyo “, subrayó.

El presidente de Predif, Francisco Sardón, abundó en esta idea, y resaltó la “absoluta disparidad de criterios” que además existe entre comunidades autónomas. “Muchas han puesto además restricciones en función de la edad. Y también según el grado de dependencia y el tipo de discapacidad”, explicó.

Defendió que la asistencia personal es un derecho para todas las personas dependientes, por lo que “no tiene ningún sentido que se limite el acceso por razón de edad, grado de dependencia, tipo de discapacidad o situación laboral”.

En su opinión, este “debe vincularse al proyecto vital de cada usuario”. “Lógicamente, habrá muchas personas para las que esta prestación no sea la mejor opción”, admitió, pero “han de ser ellas quienes lo decidan” personalmente en vez de que el propio sistema les niegue este derecho.

MARASMO ACTUAL

El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez, habló expresamente de “marasmo” autonómico y señaló que la actual situación es fruto de la ausencia de una regulación a nivel estatal. La asistencia personal está recogida en la Ley de la Dependencia de diciembre de 2006, pero más de 13 años después aún no ha sido desarrollada.

Denunció que esta disparidad asistencial permite que autonomías como País Vasco, que “en otros ámbitos es pionera, contabilice como asistencia personal algo que es poco más que una atención domiciliaria y apoyos en el entorno familiar”. Otras, lamentó, ni contemplan esta prestación pública.

Según la secretaria de la Mujer de Predif, Mayte Gallego, la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid gestiona 70 asistencias personales en la región. “Una cifra insignificante” si tenemos en cuenta la población de Madrid.

Pérez lamentó la ausencia de “un grupo de comunidades que actúen como motor, y por supuesto, la falta de una política tractora a nivel estatal, ya que esta debería ser una política de país”. “Hay comunidades que en estos años han concedido cero prestaciones”, resaltó, y “nadie se escandaliza, ni hay reportajes en prensa, ni se exigen dimisiones”.

Destacó la falta de “comprensión” que en estos temas se ha encontrado por parte de muchos responsables políticos y funcionarios, que solo ponen dificultades para desarrollarlo. “No hay voluntad, y muchas veces se prefiere seguir anclado en un modelo de servicios sociales anquilosado, que apenas ha evolucionado desde los años 80”.

Por todo ello, Sardón reclamó al Gobierno que aproveche el Plan de choque en Dependencia anunciado recientemente para regular por fin esta figura, teniendo en cuenta las aportaciones del sector de la discapacidad. “Les pedimos que cuenten con nosotros, porque nuestra experiencia es vital para que ese plan de choque se pueda desarrollar en clave de éxito”.