Así lo indicó en una comparecencia ante los medios de comunicación para informar sobre esta decisión que se tomó “tras estudiar todas las propuestas de manifestaciones y concentraciones” comunicadas a la Delegación del Gobierno para el domingo y el lunes. En total, había convocadas 104 manifestaciones en la región, de las cuales el 70% eran para reivindicar el Día de la Mujer, especificó.

La Delegación del Gobierno analizó cada una de las peticiones presentadas, los recorridos establecidos, la previsión de asistencia, su duración, los lugares de celebración y también “las posibles confluencias de las distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid y diferentes municipios de nuestra comunidad, así como los desplazamientos que eventualmente se iban a ocasionar”.

“Si hacemos un sumatorio de todos los asistentes previstos por los convocantes, podríamos tener fácilmente entre los días 7 y 8 de marzo a más de 60.000 personas moviéndose por las diferentes calles de Madrid”, explicó Franco, justificando así esta decisión de prohibir las concentraciones “por motivos de salud pública”.

Todo ello teniendo en cuenta que “estamos en un momento en el que la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los territorios de España con mayor índice de contagios y personas hospitalizadas, muy por encima de la media nacional”, hasta el punto de situarse todavía “en el nivel de riesgo extremo” por Covid-19.

Por todo ello, el delegado del Gobierno en Madrid quiso mandar un mensaje “claro y contundente” a todos los madrileños: “Prudencia, responsabilidad, sentido común para parar todos juntos los contagios y todos juntos también acabar con la pandemia”, trasladó en su alocución.

Franco incidió en todo momento en que esta decisión no obedece a motivos “ni sectarios ni ideológicos”, sino que está guiada por criterios “objetivos” y con el propósito de preservar la salud de los madrileños. “No nos mueve ningún afán de prohibir nada, nos mueve preservar la salud”, se reafirmó.

Ante las preguntas de los periodistas, Franco admitió que “claro que puede darse perfectamente” que decisiones de este tipo acaben en los tribunales, pues “estamos en un Estado de Derecho y los tribunales pueden manifestarse en sentido contrario al que estamos aquí exponiendo”. “Pero hemos actuado en función de los datos que teníamos y la enorme acumulación de concentraciones es lo que nos ha llevado a actuar en esta dirección”, indicó.

Dada la previsión de “más de 60.000 personas”, según las estimaciones de los convocantes, defendió que “el sentido común nos dictaba evitar este tipo de aglomeraciones” para “salvar la salud” sin pensar en el corto plazo. Esta decisión también se ha tomado basándose en informes de la Policía y de otras organizaciones “que nos dicen que lo lógico y lo responsable es prohibir estas manifestaciones”, apuntaló.

Admitió que “nos va en el sueldo estar sujetos a las críticas” que puedan suscitarse por tomar medidas de esta índole y acabó manifestando su confianza en “la responsabilidad” de todos los madrileños, por lo que ni quiso contemplar el escenario de que se produzcan concentraciones sin que hayan sido previamente comunicadas a la Delegación del Gobierno en Madrid.