Según CCOO, es “intolerable” lo planteado por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. En opinión de este sindicato, lo que pretende el Ejecutivo supondría “un duro golpe a los derechos democráticos”.

A este respecto, la organización que lidera Ignacio Fernández Toxo argumentó que el derecho a la acción popular está recogido en el artículo 125 de la Constitución, por lo que sería “un atropello sin precedentes” que los representantes de los trabajadores no pudieran ejercer como acusación en las causas penales.

“Resulta injustificable”, añadió CCOO, “que en una sociedad democrática se impida a las organizaciones sindicales desarrollar plenamente su acción colectiva en defensa de los derechos de los trabajadores, sean estos de carácter social o laboral, restringiendo así la participación ciudadana en la administración de justicia, tal como recoge el texto constitucional”.

Por último, la organización que lidera Toxo señaló que puede ser un “escándalo” que el Gobierno prohíba ejercer la acción popular a sindicatos y partidos políticos, mientras que si puedan hacerlo cualquier otro tipo de asociación o colectivo.