En un documento en el que recogen sus observaciones sobre las medidas que el Consejo de Ministros aprobará este viernes, las organizaciones sindicales muestran su "absoluta oposición" a la suspensión de este límite, ya que consideran que es "chocante" que para promover la estabilidad en el empleo "se permita el encadenamiento de contratos temporales".

Pero CCOO y UGT afirman que esta decisión del Ejecutivo tiene un "agravante" a su "falta de utilidad", que es el de suponer un "incumplimiento de uno de los puntos clave del diálogo social".

En este sentido, advierten de que la medida anunciada por el Gobierno supone una "pérdida de la confianza institucional" de los sindicatos con el Gobierno.

Los sindicatos critican también la decisión del Gobierno de reabrir las bonificaciones a la conversión de contratos temporales en indefinidos para el fomento de la contratación indefinida.

Para CCOO y UGT, estas medidas "favorecen la temporalidad" y "no son efectivas para la creación de empleo y sí para incrementar la precariedad".

CONTRATO DE FORMACIÓN

Por otro lado, sobre el nuevo Contrato para la Formación y el Aprendizaje, CCOO y UGT señalan que comparten la idea de adoptar medidas para promover el empleo de los jóvenes, pero denuncian que su duración (hasta tres años) es "excesiva".

También critican que se aumente la edad hasta la que se pueden hacer este tipo de contratos, que pasa de los 21 años actuales hasta los 25 años y que, de forma excepcional y durante dos años, se amplía hasta los 30 años.

Los sindicatos señalan que estas dos medidas suponen que una persona pueda estar empleada con un contrato de formación hasta los 33 años. Por esta razón, las organizaciones reclaman que se mantenga la edad máxima en los 21 años y que se amplíe de forma transitoria hasta los 25 años.

Asímismo, instan al Ejecutivo a que mantenga el límite en el número de trabajadores con este contrato que puede haber en una empresa; y el requisito de que el empleado deba de designar tutores para los trabajadores en formación.

En cuanto a la prórroga de la subvención por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de parte de las indemnizaciones por despido, CCOO y UGT valoran que se excluyan las rescisiones de contrato declaradas como improcedentes.

Sin embargo, reclaman que esa exclusión se haga efectiva desde el primer momento, y no a partir del próximo año como sostiene el Ejecutivo.

Las centrales sindicales sí que respaldan la prórroga de la ayuda de 400 euros a los parados que han agotado sus prestaciones, ya que consideran que es "una buena y necesaria medida por parte del Gobierno".

Por último, sobre la integración del Fogasa en el Servicio Público de Empleo Estatal, los sindicatos defienden que se mantenga el carácter de organismo autónomo del Fondo y exige que se cierren los acuerdos para incrementar su plantilla que se están negociando en la mesa de empleo del diálogo social.