El texto ha incorporado cuatro enmiendas transaccionales referidas a aspectos técnicos y otras tres más a propósito de la exposición de motivos y de sendos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la Comisión de Justicia tiene capacidad legislativa plena en este asunto, la aprobación del proyecto de ley significa que este pasa de forma inmediata al Senado (sin tener que ser ratificada por el Pleno), donde continuará su trámite parlamentario.

Impulsado por el Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), este acaba con la distinción entre capacidad de obrar y capacidad jurídica, Y establece la imposibilidad de anular esta última. Suprime, por tanto, las figuras de la tutela y de la patria potestad prorrogada y, en su lugar, introduce la obligación por parte de los poderes públicos de prestar los apoyos individualizados que cada persona necesite para poder tomar sus decisiones de forma libre, autónoma e informada.

El objetivo de esta reforma, que afecta a siete leyes del Derecho privado, es adaptar el ordenamiento jurídico español al espíritu de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 12 reconoce la igual capacidad jurídica de este colectivo y prohíbe su discriminación.

Afecta al Código Civil, la Ley del Notariado, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la de Sucesiones, la del Registro Civil y la Ley de Patrimonio y, entre otros aspectos, permitirá que las personas que antes estaban incapacitadas por razón de discapacidad puedan casarse, adquirir una vivienda, vender un bien privado o hacer testamento. Siempre con la garantía de que recibirán los apoyos (técnicos y humanos) que precisen para el ejercicio de esta potestad. Representantes del Cermi, ONCE, Plena inclusión, Autismo España, Salud Mental España, Fedace y Aspace asistieron a la sesión parlamentaria.

MEJORAS

Casi todos los intervinientes destacaron “el importante trabajo” realizado durante las reuniones de ponencia previas a puerta cerrada, en los que se alcanzó un gran consenso para que esta reforma saliese adelante con el máximo apoyo posible.

La representante de Ciudadanos, Sara Giménez, subrayó las mejoras conseguidas a partir de las 501 enmiendas presentadas al texto, que dieron lugar a más de 50 transaccionales. Entre estas, destacó una mejor adaptación a los derechos civiles autonómicos; la desaparición de la figura de la prodigalidad (incapacitación por despilfarro negligente y continuado del patrimonio); una mejor regulación de las medidas voluntarias (aquellas que la persona afectada o un familiar directo puede solicitar motu propio, sin imposición de la autoridad judicial); mayor concreción de los apoyos y ajustes necesarios para asegurar la accesibilidad física, cognitiva y sensorial a los procesos jurídicos, a fin de tener en cuenta los distintos tipos de discapacidad; mejor concreción de las ayudas a la hora de prestar testimonio ante notario; la mayor participación de las entidades sociales, y la desaparición de un libro específico para los actos jurídicos de las personas apoyadas en el Registro de Bienes Inmuebles que la redacción inicial del proyecto sí contenía.

Todas estas modificaciones se introdujeron en el informe sobre el proyecto de ley aprobado hoy gracias a las sesiones a puerta cerrada que los diputados de la comisión han mantenido las últimas semanas.

Las portavoces de Unidas-Podemos y de Esquerra Republicana, Marisa Saavedra y Carolina Telechea, respectivamente, subrayaron “el cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad” que esta reforma supone, idea que también compartieron Mikel Legarda, del PNV y Genís Boadella, del PDeCat.

“Ley perfectible” fue una expresión utilizada por los responsables de estos grupos, que no obstante, quisieron poner en valor “el esfuerzo realizado por la ponencia”. Reconocieron la necesidad de “hacer pedagogía”, y apelaron al compromiso del sector de la discapacidad para seguir avanzando en este terreno.

Solo el portavoz de Vox en la comisión, José María Sánchez, mostró su disconformidad con el espíritu general del texto, por considerar que “obedece a una interpretación a ultranza de la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad”, fruto a su vez “de una exaltación de la autonomía”.

Criticó que elimine la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, y rechazó apoyar “una norma que no regula debidamente la discapacidad con arreglo a un criterio de racionalidad jurídica basado en siglos de una reflexión muy detenida que ha dado lugar a importantes instituciones” para salvarguardar el interés superior de estas personas. “Si los criterios y preferencias de las personas con discapacidad son el principio rector por encima de su interés superior, ¿por qué no hacer lo mismo con los menores de edad?”, se preguntó.

Como réplica, la portavoz del PP en la comisión, María Jesús Moro, explicó que el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas no se refiere al concepto de ‘mejor interés de las personas con discapacidad’, sino a la “mejor interpretación de su voluntad”.

“El principio fundamental que informa esta reforma es que todas las personas tienen igual capacidad jurídica”, apuntó, por lo que su aplicación se trata de “una cuestión de derechos humanos”.

Tanto Moro como el diputado del PSOE Miguel Ángel González agradecieron los trabajos realizados por el Cermi y por las demás organizaciones del sector de la discapacidad. En su intervención, González vinculó este proyecto de ley con la reforma de la Ley Electoral, que devolvió el derecho al voto a las personas incapacitadas judicialmente, y con la modificación del Código Penal que acabó con las esterilizaciones no consentidas de personas con discapacidad.

La idea, subrayó, es “avanzar en el respeto hacia la voluntad” de todas las personas, con los apoyos precisos para que estas puedan adoptar sus decisiones de forma autónoma y puedan también expresarlas. Finalmente, González invitó al diputado de Vox a preguntarse por qué “”se ha quedado solo” en su oposición a la iniciativa.