Así se pronunció Iglesias en el transcurso de su intervención en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado en respuesta a la interpelación de la senadora Nerea Ahedo, del Grupo Parlamentario Vasco, sobre si el Gobierno considera que el plan de choque en dependencia presentado es un instrumento “suficiente” para dar cumplimiento a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Iglesias recordó que la puesta en marcha de dicho plan cuenta con un “amplio consenso” del que también forman parte los gobiernos de los diferentes territorios, incluidos algunos de signo político distinto, si bien dijo que “respeta” posiciones como las del País Vasco, que, a su juicio, se abstuvo por sus “diferencias” de criterio en torno a las competencias.

Asimismo, admitió que el modelo de “café para todos no siempre se revela como lo más eficaz para una estructura de Estado plurinacional como la que tenemos y cuando hay necesidades e instituciones diferentes”, si bien reiteró que el apoyo recibido por parte de territorios de signo político diferente “expresa la importancia y el alcance que tiene el plan”.

“Está habiendo un cambio de paradigma, que a mí me gustaría que fuera más lejos, pero va todo lo lejos que hemos podido conseguir”, afirmó, al tiempo que defendió que la Ley de Dependencia supuso un “hito histórico” en la “ampliación” del Estado del Bienestar en España y supuso “un avance”.

RECORTES

Sin embargo, admitió que también “enfrentó problemas que tenían básicamente que ver con la financiación, en particular a partir del año 2012, a raíz de los recortes que impuso el Partido Popular” y precisó que el “punto de partida” de este plan de choque es “revertir en un solo presupuesto los recortes de la financiación" con el compromiso de impulsar incrementos acumulativos en 2022 y 2023 para un total de 3.600 millones de euros. “Es menos de lo que a mí me habría gustado, pero es todo lo que hemos podido conseguir”, reiteró, si bien espetó que “nunca había habido una movilización de recursos equivalente para afrontar la dependencia en nuestro país”.

“Se trata de solventar con colaboración institucional, voluntad política y fondos públicos, un problema que sufren diariamente ciudadanos que se expresan y sienten muchas veces en lenguas diferentes”, abundó, convencido de que este problema requiere que todas las administraciones sean capaces de ponerse “de acuerdo, incluso aunque haya diferencias respecto a cómo se tienen que organizar las competencias”.

“El plan de choque, en última instancia, es actualizar un gran proyecto socialdemócrata que no se llevó a cabo en España, que era básicamente el cuarto pilar del Estado del bienestar, los servicios sociales y los servicios públicos”, aseveró, convencido de que su departamento “ha cumplido uno de los compromisos fundamentales en el acuerdo de Gobierno en una situación tan complicada como la que atravesamos”.

“Creo que hemos logrado generar confianza y ofrecer certezas a la ciudadanía al respecto de que cumplimos lo que acordamos”. “Quedan más cosas por cumplir y también tendremos que cumplir lo que firmamos en lo que se refiere a la vivienda y creernos de una vez lo que significa el artículo 47 de la Constitución española”, agregó.

MADRID

En este punto, lamentó que haya “quien quiere suprimir las autonomías abiertamente o incluso quien plantea una suerte de independencia de Madrid para no cumplir las leyes y terminar de desmantelar los servicios públicos incumpliendo y pisoteando la Constitución”.

Iglesias apeló a la “buena voluntad y respeto a normas básicas de convivencia y respeto de los derechos sociales y lo público” y, en referencia a Madrid, insistió en que "todas las comunidades, menos una, han sido básicamente leales a la hora de asumir el desafío que representaba esta pandemia", circunstancia que consideró "un problema que tenemos el conjunto de ciudadanos del Estado”.

“No se puede consentir que algunos piensen que se pueden pisotear las leyes de las que nos hemos dotado para destruir los servicios públicos, los derechos sociales y machacar a las personas dependientes”, concluyó.

PLAN NECESARIO

Por su parte, Ahedo reconoció que el plan supone “una mejora y es necesario”, si bien aseguró que, lo que no tiene “tan claro” es si es “suficiente” y proclamó que supone "un parche" y lo calificó como "un borrón y cuenta nueva".

En este sentido, advirtió de que quienes “decidieron recortar en el año 2012 servicios y prestaciones probablemente recuperen”. “Quienes los hemos mantenido, vamos a pasar, como mucho, de un 17% de aportación del Estado a un 30 o algo así, que sigue estando muy lejos del 50% comprometido”.

Asimismo, denunció que a su grupo no le gusta la “clara invasión competencial” que, a su entender, plantea el plan y denunció el “café para todos” que propone como solución, cuando las situaciones de partida son “radicalmente diferentes” entre comunidades, preguntándose a qué tanto por ciento del cumplimiento integral de la ley nos llevaría en 2023”.