Según informó el Instituto Armado, hasta el momento, se ha investigado a 68 personas por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y se han llevado a cabo 52 inspecciones en fincas agrícolas, en algunas de las cuales han sido localizadas y precintadas 60 plantas desalobradoras y 42 pozos irregulares.

Luego de culminar las operaciones ‘Chandos’ (iniciada en 2019 y que se saldó con 63 personas investigadas por delitos medioambientales) y ‘Chantres’ (desarrollada en 2020 y que culminó con la investigación de 23 individuos), y ante la sospecha de que estas actividades ilícitas pudieran continuar, se inició la investigación actual, bautizada con el nombra de ‘Chancuatro’.

En el transcurso de la misma, los agentes obtuvieron abundante documentación, entre la que se encuentra la intervenida a una importante empresa dedicada a instalaciones eléctricas y automatismos con sede en la comarca del Campo de Cartagena, que permitió centrar la investigación en numerosas fincas agrícolas sospechosas de albergar desalobradoras y pozos de extracción ilegal de agua.

En ese momento, la Guardia Civil inició el pasado mes de febrero un amplio dispositivo, dirigido por el Seprona, en el que participaron técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, con el fin de inspeccionar un total de 52 fincas agrícolas.

Entre las desalobradoras localizadas se han detectado casos singulares por el modo en que estaban ocultas para evitar su detección, como lo demuestra el hecho de que estaban en zulos construidos en el subsuelo y camuflados, o en remolques.

A ello se suma que algunos de los pozos de extracción de agua habían sido dotados con un imán que alteraba los resultados del contador volumétrico, otros carecían de dicho contador y varios no contaban de la correspondiente autorización administrativa que acredita su legalidad.

A su vez, los agentes han comprobado que se trataba de un entramado delictivo orquestado por una mercantil (tres de cuyos responsables son parte de las 68 personas investigadas) que ofrecía sus servicios a empresarios agrícolas de la comarca del Campo de Cartagena.

La trama ofertaba desalobradoras y productos para eliminar la salinidad del agua, y así brindar a los agricultores un forma eficaz de obtener suministro para los cultivos mediante la captación de agua de los acuíferos de la zona.

Para llevarlo a cabo, les instalaban la maquinaria, generalmente soterrada para evitar su localización, y se encargaban del servicio de mantenimiento y suministro de los productos necesarios para que el agua captada de los acuíferos fuese filtrada y desprovista de salinidad. Una vez depurada, el rechazo –con un alto porcentaje en sal y productos químicos– era inyectado en pozos ilegales y también vertida a través de ramblas o salmueroductos que desembocan en el Mar Menor.

La Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Segura han precintado la maquinaria objeto de la investigación y ha obtenido muestras de agua para su posterior análisis.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Murcia.