La Cámara Baja respaldó la convalidación del texto normativo con una mayoría de 346 votos a favor, frente a ningún voto en contra y 3 abstenciones, y, con 336 votos a favor, 7 votos en contra y 7 abstenciones, determinó que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

En defensa de la convalidación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó desde la tribuna del hemiciclo que el real decreto tiene como objetivo “seguir avanzando en la consecución de un sistema fiscal justo, redistributivo, y en el que cada uno pague según su capacidad y reciba según su necesidad”.

Así, indicó que el real decreto materializa “una trasposición muy técnica” para establecer las normas sobre las asimetrías híbridas, modificando el Impuesto de Sociedades y el IRPF de no residentes, y que forma parte del paquete de medidas que la UE viene desarrollando a nivel comunitario para luchar contra la elusión fiscal y la erosión de las bases imponibles, especialmente en el Impuesto de Sociedades.

Además, la ministra recordó la necesidad de acometer la trasposición para así evitar sanciones comunitarias y litigios con el Tribunal de Justicia de la UE.

La directiva que traspone el real decreto tiene el objetivo de que un mismo gasto no pueda ser deducible en dos países al mismo tiempo, de forma que una operación pueda tener la consideración de gasto deducible en un país pero que en otro sea considerado un ingreso a efectos de tributación.
De esta forma, la norma busca evitar situaciones distintas en el trato fiscal en países distintos para que esto no provoque que los ingresos de una operación puedan quedar sin tributar donde corresponda o que se produzcan dobles deducciones por un mismo gasto.

Por ello, Montero indicó que la medida “no persigue aumentar la recaudación tributaria”, sino prevenir la elusión fiscal y la erosión de las bases imponibles.
En concreto, el real decreto establece varias situaciones en las que “no serán fiscalmente deducibles” gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en otro país o territorio que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente en estas del gasto o de la operación, por ejemplo, “no generen un ingreso, generen un ingreso exento o sujeto a una reducción del tipo impositivo o a cualquier deducción o devolución de impuestos distinta de una deducción para evitar la doble imposición jurídica”.