En una entrevista a Servimedia, Pérez Bueno dijo que “lo social, las cuestiones de discapacidad, son un elemento cohesivo en nuestra sociedad” y que aporta “capacidad de generar consensos en un mundo tan fracturado como el que vivimos y tan divisivo”.

En referencia a la citada reforma, reconoce que, aunque “no es la mayor reforma del Código Civil” si supone una modificación “de fondo del sistema”, y que supondrá “un cambio enorme” para “cientos de miles de personas con discapacidad” que van a tener “una vida más digna y autodirigible”.

La reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, impulsada por Cermi, acaba con la distinción entre capacidad de obrar y capacidad jurídica, y establece la imposibilidad de anular esta última. Suprime, por tanto, las figuras de la tutela y de la patria potestad prorrogada y, en su lugar, introduce la obligación por parte de los poderes públicos de prestar los apoyos individualizados que cada persona necesite para poder tomar sus decisiones de forma libre, autónoma e informada.

El objetivo de esta modificación legislativa, que afecta a siete leyes del Derecho privado, es adaptar el ordenamiento jurídico español al espíritu de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 12 reconoce la igual capacidad jurídica de este colectivo y prohíbe su discriminación.

AFECTA A VARIAS LEYES

Afecta al Código Civil, la Ley del Notariado, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la de Sucesiones, la del Registro Civil y la Ley de Patrimonio y, entre otros aspectos, permitirá que las personas que antes estaban incapacitadas por razón de discapacidad puedan casarse, adquirir una vivienda, vender un bien privado o hacer testamento. Siempre con la garantía de que recibirán los apoyos (técnicos y humanos) que precisen para el ejercicio de esta potestad.

El trámite continúa ahora en el Senado y, según los cálculos del presidente del Cermi, la normativa podría estar aprobada “antes del verano”. “En otoño entraremos en un ordenamiento jurídico civil acorde a los derechos humanos”, pronosticó en su entrevista a Servimedia.

Aunque la reforma ha contado con el apoyo de la inmensa mayoría de la Cámara Baja, no contó con el respaldo de Vox, formación a la que Pérez Bueno recordó que “las cuestiones de discapacidad son un elemento de derechos humanos y civilización”.