“El 73% hemos visto retrasadas las citas médicas, el 56% ha experimentado un empeoramiento de su salud, el 42% no ha podido recibir el tratamiento o terapia que necesitaba y el 20% se ha encontrado con una negativa a recibir atención sociosanitaria”, alertó Queiruga en la Comisión de Discapacidad citando un estudio realizado por Cocemfe.

Por tanto, estos datos evidencian que “se han producido discriminaciones muy graves” durante la crisis sanitaria hacia las personas con discapacidad, ya que muchas personas de este colectivo empeoraron su salud al ver suspendidas sus terapias.

Como trasladó a los senadores, el tener una discapacidad física u orgánica durante la pandemia del coronavirus ha sido equivalente a ser discriminado con “episodios en los que se nos mantenía al margen del sistema sanitario cuando teníamos coronavirus grave por el simple hecho de tener discapacidad”.

Tales han sido las discriminaciones hacia el colectivo que, según el presidente de Cocemfe, España “se ha saltado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”, y “recuerdo que está ratificada por España y obliga al Estado a asegurar la protección de los colectivos más vulnerables”.

Y es que en muchas ocasiones “hemos sido invisibles”, continuó Queiruga. Uno de los mayores problemas que encontraron las personas con discapacidad durante los peores momentos de la pandemia fue la paralización de tratamientos de recuperación funcional, de fisioterapia, de tratamientos farmacológicos o tratamientos que dependen de unidades hospitalarias.

PRIORIZAR VACUNAS

En este sentido, el presidente de Cocemfe enfatizó que “es importante seguir insistiendo en que se contemple como grupos prioritarios de vacunación a las personas con discapacidad física y orgánica con mayor riesgo de fallecimiento o de tener complicaciones en caso de contagio”.

Queiruga también recordó a aquellas personas a las que todavía no se les ha reconocido sus derechos por llevar España “más de 20 años con el mismo baremo de valoración del grado de discapacidad”, por lo que urgió a aprobar el baremo consensuado con el Imserso porque “las personas con discapacidad tenemos mucho que aportar a la sociedad y no podemos seguir esperando para recibir los apoyos que necesitamos”.

Asimismo, reivindicó un mayor esfuerzo por la accesibilidad, ya que es preciso “garantizar la movilidad en todos los edificios donde vivan o trabajen personas con discapacidad, en situación de dependencia o personas mayores”.

EDUCACIÓN INCLUSIVA

Con relación a la dependencia, Queiruga defendió un “impulso definitivo a la asistencia personal” y un cambio al modelo de cuidados para atajar las “mejoras que necesita el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como es todo el desarrollo de prestaciones y de servicios para la promoción de la autonomía”.

Preguntado por el modelo educativo que defiende para los estudiantes con discapacidad, el presidente de Cocemfe aseguró que “no tenemos ninguna duda de que la educación tiene que ser inclusiva”.

No obstante, añadió que “los alumnos no pueden estar aparcados y necesitan apoyos”, por lo que “hay que dotar de recursos” si se quiere este modelo. Además, señaló que la inclusión de alumnado con discapacidad “enriquece”, pese a que “al principio cuesta”. Aun así, subrayó que “educación inclusiva no es llevar a un niño con discapacidad a un cole ordinario y que se quede allí”, sino que precisa de “un esfuerzo poniendo recursos”.

Por último, y tras conmemorar el 40 aniversario de Cocemfe, Queiruga reclamó al actual Gobierno que “apueste por la interlocución, que deje de aprobar iniciativas sin contar con la sociedad civil organizada” y cuente con las organizaciones que “representamos a esas personas a las que van dirigidas las políticas”.