Según explica la presidenta de la Uatae, María José Landaburu, tras el estudio del Real Decreto Ley 5/2021, que aprobó 7.000 millones de ayudas directas a trabajadores autónomos afectados por la Covid-19, se ha detectado la dificultad en el acceso en primera instancia que presentaba, motivo por el cual remitieron una comunicación a la ministra de Economía, Nadia Calviño, en el que afirman que se basa en un criterio “injusto” al exigir pertenecer al beneficiario a uno de los CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) establecidos.

Además, asegura “no entender” por qué se quiere excluir a trabajadores por cuenta propia que tuvieron un rendimiento neto negativo en el ejercicio de 2019 o a aquellos que mantengan una deuda con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social, ya que con este dinero se podía regular su situación al destinar “una parte de la ayuda al pago de la deuda correspondiente”.

Landaburu apunta que estas ayudas han sido configuradas como un “balón de oxígeno para el tejido productivo de nuestro país” y, como tal, “consideramos que hay que pulir la norma para que realmente se logre su objetivo inicial”.

RONDA DE ENCUENTROS

Para ello, se ha iniciado una ronda de encuentros con las distintas formaciones políticas “para abordar las deficiencias y presentar las mejoras para lograr que el sentido inicial de los fondos se cumpla, dando acceso a todo el colectivo de trabajadores autónomos”.

Desde Uatae esperan abrir el diálogo en torno al consenso social, “ya que sería incomprensible que se formulasen con la redacción actual y que viésemos agravios comparativos debido al amplio margen interpretativo y regulatorio que se da a las comunidades autónomas”.