Según informó este viernes el PP, también se presenta este recurso al considerar que “contraviene artículos de leyes orgánicas vigentes, además de modificar e innovar el régimen vigente establecido por la legislación orgánica de aplicación en materia de violencia de género”.

El escrito del recurso del PP ante el Alto Tribunal expone que la ley recurrida, impulsada por En Comú Podem de Ada Colau, incluye (en su artículo 1) a las mujeres, niñas y adolescentes transgénero, señalando que el precepto en cuestión desnaturaliza el concepto de ‘’sexo’’ en nuestro ordenamiento jurídico, y también elementos esenciales de la Ley orgánica de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y de la Ley Orgánica del Código Penal de 1995.

En concreto, se indica que parece establecerse una distinción entre mujeres “transgénero” y mujeres que no lo son, diferenciación del todo incompatible con nuestro ordenamiento jurídico. Se añade que en el ordenamiento vigente el ‘’sexo’’ existe como realidad con proyección jurídica y, dentro de dicha noción, se residencian dos categorías: el sexo masculino (el hombre) y el femenino (la mujer).

No obstante, se recuerda que la transexualidad ha sido reconocida por nuestro ordenamiento jurídico desde hace años, que reconoce que aquellas personas cuya identidad de género no corresponda con su sexo puedan rectificar tal circunstancia desde un punto de vista registral, a cuyo fin quien es hombre registralmente puede pasar a ser mujer y viceversa. Así, “son actos inscribibles el sexo y el cambio de sexo”.

Además, recuerda que una vez producida dicha modificación registral no solo no existen diferencias entre mujeres transexuales (o transgénero) y el resto, sino que el propio proceso de rectificación del sexo se considera un dato especialmente protegido y reservado del conocimiento general.

Se recurre la normativa al entender que “pretende ampliar el espectro de protección a aquellos transgénero que no han acometido el proceso de rectificación registral”, lo que “indudablemente implica asumir que puedan ser objeto de violencia de género también quienes registralmente sean, a todos los efectos jurídicos, hombres”.

“BLOQUE CONSTITUCIONAL”

Según el PP, se contraviene, por tanto, “el bloque de constitucionalidad así como el reparto competencial establecido por la Constitución, principalmente por la eliminación del sexo como elemento subjetivo determinante del sistema de protección establecido frente a la violencia de género”.

El texto explica, sobre el artículo 2.j recurrido, que establece una definición propia del ‘’consentimiento sexual’’, mediante la modificación, mutación o derogación de preceptos de carácter orgánico contenidos en el Código Penal, el cual pretende “innovar y alterar, y que invade competencias exclusivas estatales”.

Se subraya que el ordenamiento jurídico penal toma en consideración el concepto de “consentimiento sexual” a los efectos de la aplicación de determinados tipos delictivos, “lo que resulta incompatible con la pretensión de la norma recurrida de redefinir dicho concepto”.

Añade el PP que en el ordenamiento jurídico vigente la mención al consentimiento no se configura a través de una definición específica del consentimiento sexual, algo “que sí pretende la normativa recurrida”, aunque “no es discutible que el consentimiento -o, para ser más precisos, su ausencia- sí se configura como un requisito indispensable de los delitos en cuestión, en tanto que elemento de la conducta típica”.

“La inexistencia del consentimiento es, por tanto, elemento esencial inherente a todos ellos, un elemento insustituible de dichos delitos que ahora pretende alterarse por una ley autonómica”, explica el PP.

Respecto al artículo 3, se impugna por motivos parecidos al anterior, en relación a que “erige un vasto y extenso catálogo propio” de formas de ‘’violencia machista’’, mientras que la infracción del artículo 16 se refiere a la reglamentación que se hace en el régimen interno de los partidos políticos, infringiendo la reserva de ley orgánica e invadiendo competencias exclusivas del Estado en dicho ámbito.

Por lo tanto, se subraya además que la ley recurrida modifica “innova o directamente contraviene varios artículos de leyes orgánicas vigentes”.