Así lo indicaron a Servimedia desde la candidatura de Unidas Podemos a los comicios autonómicos, descartando que en esa hipotética negociación con el PSOE y Más Madrid tras el 4-M se vayan a exigir unas consejerías ya determinadas, “y menos Iglesias; sería como mucho para Podemos”. Pero sí se reclamarían algunas atribuciones concretas. “Si se gobierna, se quiere tener competencias para poder revertir lo que ha hecho PP en las áreas de más trascendencia y donde se puedan levantar alfombras”, puntualizaron.

Las áreas de más trascendencia para Unidas Podemos pueden deducirse de los colectivos con los que se ha reunido de momento Iglesias en la primera semana de precampaña, después de su dimisión como vicepresidente del Gobierno para presentarse a las elecciones.

El lunes se reunió con representantes del sector educativo en un colegio público de Getafe; el miércoles, con trabajadores de Metro; y el viernes, con profesionales sanitarios; encuentros después de los cuales él o su formación desgranaron algunas de las propuestas de Unidas Podemos para Madrid. Siempre con el llamamiento a votar a los que necesitan estos servicios públicos, para que no decidan su futuro los ciudadanos más ricos, que según su enfoque pueden prescindir de ellos.

En las tres reuniones, Iglesias denunció lo que presentó como graves recortes de los gobiernos del PP, dentro de su política de privatizaciones y externalizaciones. Respecto al modelo educativo, el lunes criticó que alienta la segregación económica al transferir recursos a la educación privada, y presentó como un mínimo común y no como una cuestión ideológica la apuesta por aumentar la inversión en educación y la contratación de profesores y personal educativo, para atajar el problema de las ratios.

Otro aspecto que revertiría Unidas Podemos respecto al PP si asumiera responsabilidades en la Consejería de Educación sería la prohibición de dar dinero público y conciertos a centros que segreguen por sexos, como la Lomloe, así como potenciar la educación afectiva y sexual, y no permitir a los padres retirar a sus hijos de tales actividades porque, según postuló, “es ilegal hacer objeción de conciencia a la democracia, a la tolerancia, a la diversidad afectivo-sexual”.

A los trabajadores de Metro, el miércoles, Iglesias les alabó por su organización sindical, en un encuentro en el que anunció una inversión de 1.000 millones ("quien diga que no hay dinero, miente", desafió) para contratar 300 empleados y comprar 50 trenes al año, frente al afán que atribuyó al PP de privatizar el servicio, externalizarlo o subcontratarlo progresivamente. Si Unidas Podemos se encargara de la Consejería de Transportes, también introduciría un abono mensual a 30 euros con independencia de las zonas por las que se viaje, que comprendería además reducciones del 75% para menores de 30 años, parados de larga duración de más de 50 años y familias monoparentales.

PROPUESTAS DE SANIDAD

Finalmente, el viernes, Iglesias también dejó entrever lo que revertiría si Unidas Podemos asumiera competencias en la Consejería de Sanidad. Por ejemplo, anunció que aumentaría la financiación de la sanidad pública en 1.000 millones de euros anuales, con los que se contrataría a 10.000 nuevos efectivos y se haría contrato estable a todos los profesionales que llevan años como temporales. Del total de la inversión, el 25% del total se dedicaría a la atención primaria. Además, prometió, se triplicaría el número de profesionales de psiquiatría, psicología, enfermería y trabajo social y se acometería una reversión de las externalizaciones, muy habituales en Madrid, hasta la media estatal.

Si las consejerías para revertir las políticas de los gobiernos del PP serían Educación, Salud o Transportes, la que le permitiría “levantar las alfombras” sería, obviamente, la de Hacienda. Iglesias no olvida en ninguna de sus intervenciones públicas subrayar el dominio del PP en la Comunidad de Madrid y la corrupción del partido. Pero, además, en una entrevista el martes marcó condiciones educativas y fiscales a Gabilondo; una pequeña ruptura de su propósito de no hacer el menor reproche ni al PSOE ni a Más Madrid, los partidos con los que el 4 de mayo tiene que sumar para desalojar a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

“Yo creo que está claro que, cuando tengamos que hacer un acuerdo para un programa de izquierdas, hay cuestiones evidentes. Un Gobierno de izquierdas tiene que apostar por la educación pública; esto no es discutible, esto es así”. También llamó a “cumplir la Constitución en todo lo que se refiere a la redistribución del sistema fiscal”, porque “eso ya no debería ser solamente una seña de identidad de la izquierda sino que es el mínimo común denominador de lo que establece la Constitución”. “Y estoy convencido de que, cuando negociemos un programa de gobierno, el que haya una fiscalidad sensata acorde con la Constitución, una defensa de la educación pública, una defensa de la sanidad pública, ahí tendremos que ponernos de acuerdo todos”, sentenció.

Lo curioso es que Gabilondo, al menos por el momento, ha exhibido ya por lo menos en dos ocasiones, la misma este mismo viernes, su preferencia de formar Gobierno “con este Iglesias no”, sino de pactar “con las dos manos, a izquierda y derecha”, un Ejecutivo “sin extremismos ni extremistas”, sin “seguir el modelo de ningún otro lugar" en lo que respecta a alianzas postelectorales; ese otro lugar, evidentemente, era el Gobierno de España, con la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Además, el candidato socialista también ha mostrado su voluntad de que, en los dos años que duraría el Gobierno que salga de las urnas el 4 de mayo hasta las nuevas elecciones estipuladas para 2023, no se toquen los conciertos educativos ni la política fiscal madrileña. Si así fuera, Unidas Podemos tendría difícil “revertir lo que ha hecho el PP en las áreas de más trascendencia”; ello incluso aunque las elecciones deparen un resultado con el que, como a Pedro Sánchez tras las generales de 2019, a Ángel Gabilondo no le quede otro remedio que sumar con la formación de Pablo Iglesias para alcanzar una mayoría parlamentaria suficiente.