En el acto de inauguración participaron la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola; el rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Rafael Garesse; la responsable de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado del Ministerio de Interior, María Jesús Cantos; y el presidente de Plena inclusión Madrid, Mariano Casado.

La formación responde a la necesidad de que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se ven inmersas en un proceso judicial cuenten con los ajustes de procedimiento necesarios para que puedan comprender el proceso y así garantizar su derecho de acceso a la justicia.

En ese sentido, la viceconsejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, afirmó que el acceso a la justicia es “un principio básico del Estado de Derecho”. “Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos y hacer frente a la discriminación”, agregó, convencida de que, quienes tienen la responsabilidad de dotar de medios a la administración de justicia deben “adoptar todas las medidas necesarias para lograr la igualdad de acceso a la justicia, con especial atención a las personas más vulnerables".

Por su parte, el rector de la UAM, Rafael Garesse, destacó la misión de la universidad a la hora de liderar conocimientos y formar a profesionales con el fin de contribuir a la construcción de sociedades mejores.

Garesse afirmó sentirse orgulloso y contento del papel dinamizador de su universidad, del que dijo, el curso es un buen ejemplo y resultado de la colaboración de muchos actores.

COMPROMISO

En la misma línea, la representante del Ministerio del Interior, María Jesús Cantos, destacó el compromiso del departamento de Grande Marlaska respecto a garantizar el derecho de acceso de las personas con discapacidad intelectual a la justicia y su apoyo a iniciativas como este curso del que, reconoció, en el Ministerio están “muy orgullosos”.

El presidente de Plena inclusión Madrid, Mariano Casado, subrayó el consenso alcanzado entre todos los agentes clave que intervienen en un proceso judicial para “construir los conocimientos, competencias y medios” que, a su juicio, “han de impregnar a esta nueva figura profesional” con el objetivo de que pueda “garantizar la comprensión, acompañar en el proceso y apoyar sin condicionar la toma de decisiones de las personas”.

Casado reconoció el esfuerzo y determinación de todas las personas y organizaciones implicadas para poner en marcha este curso cuyos alumnos, dijo, podrán convertirse en facilitadores judiciales en los procesos abiertos en la Comunidad de Madrid, tal y como anunció el titular de la Consejería de Justicia hace unos meses, fruto del convenio de colaboración con Plena inclusión Madrid en este ámbito. Una iniciativa, señaló, “pionera” en España y de gran importancia para dar cumplimiento a los artículos 12 y 13 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU.