En opinión del Cermi, la nueva legislación contra la violencia en la infancia y la adolescencia “ha asumido la dimensión inclusiva de la discapacidad”. Una perspectiva que, según indica, ha estado presente a lo largo de su articulado, lo que “responde a la evidencia de una mayor exposición a la violencia, al abuso y maltrato de los niñas y niñas con discapacidad”.

En este contexto, el Cermi pide a los grupos políticos del Congreso el respaldo con su voto a esta iniciativa legal para que sea aprobada “con amplio consenso”, ya que, para el Comité, “es una legislación necesaria” que dotará de nuevos instrumentos y mecanismos para hacer frente a la lacra de la violencia contra los menores y jóvenes.

“Pese a que el contenido de discapacidad es globalmente satisfactorio, quedan algunas mejoras posibles que perfeccionen el texto legal”, añade el Cermi. Por ello, afirma que planteará enmiendas en el trámite del Senado, para que la Ley refuerce “aún más” el enfoque inclusivo interseccional de infancia y discapacidad.