Así consta en el documento hecho público hoy en el que el Gobierno expone que las inversiones y reformas detalladas pueden llevar el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2%, con un impacto a medio y largo plazo del potencial de cuatro décimas.

El Gobierno indica que con una inversión de dos puntos de PIB al año en el periodo en el que se ejecutará el plan -entre 2021 y 2023-, “se logrará recuperar niveles de inversión pública en línea con los máximos del último ciclo y cerrar la brecha con los países más inversores”, aproximándose al 4% del PIB.

“Con ello, en el periodo 2021-2023 se podría acumular un nivel de capital público de más de 3 puntos porcentuales del PIB respecto del escenario de inversión tendencial (sin Plan de Recuperación) y situaría la inversión neta en terreno positivo por primera vez desde 2011”, expone el Ejecutivo.

El empleo generado por el plan “podría superar los 800.000 puestos de trabajo al cabo del periodo de ejecución”, en 2023, “lo que equivaldría a unos 12 empleos por cada millón de euros invertido”.

Las políticas que más empleo crearán son las relacionadas con la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, la recuperación del turismo e impulso a una España emprendedora, la nueva economía de los cuidados y las políticas sobre el mercado de trabajo, la educación y la formación continua.

“El Plan supondrá una mejoría estructural de competitividad del tejido empresarial, con una mejora sostenida de la posición exterior” y un aumento de 0,2 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento de las exportaciones a largo plazo.

No obstante, el Ejecutivo también advierte de que, en ausencia del impacto positivo estimado, “cabría prever una fuerte reducción de la inversión pública, como ha ocurrido en el pasado, especialmente en un contexto de limitado margen fiscal y grandes necesidades de gasto corriente en sanidad y educación”.

INVERSIONES Y REFORMAS

El plan consta de 212 medidas de las que 110 corresponden a inversiones y 102 a reformas. El Gobierno articula 69.528 millones de euros que se recibirán de la UE entre las 10 grandes áreas en lo que explica que es “la primera fase de ejecución”. Las mayores cantidades se destinan a la digitalización de la industria y la pyme, el turismo y el impulso del emprendimiento -16.075 millones-; agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura -14.407 millones-; y el área de infraestructuras y ecosistemas resilientes -10.400 millones-.

Se abordarán reformas normativas para mejorar el clima de negocios e impulsar el emprendimiento con una ley de creación, crecimiento y adaptación empresarial; la modernización de la justicia y la reforma del marco concursal para agilizar los procesos de reorganización de empresas; una ley de startups, y un plan de modernización del turismo.

En cuanto a la vivienda, el plan reserva 6.820 millones de euros para la rehabilitación del parque edificado en España y aumentar el parque de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. También incluye la Ley de Vivienda actualmente en elaboración y la creación de una “ventanilla única” para facilitar la gestión de las ayudas, financiación y fiscalidad.

En materia de movilidad, prevé invertir 6.536 millones en iniciativas como la provisión de un sistema de transporte público digital y sostenible, la transformación de flotas hacia vehículos de cero o bajas emisiones, y la creación de herramientas de gestión digitales del tráfico y la movilidad. Además, hay otro paquete de 6.667 millones para modernizar, digitalizar y mejorar la seguridad y sostenibilidad de las infraestructuras clave de transporte interurbano e intermodales en todo el territorio nacional.

En el capítulo de reformas incluye, por ejemplo, un plan de despliegue de la infraestructura de recarga y de impulso del vehículo eléctrico y la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.

MARCO LABORA, FISCAL Y PENSIONES

En el marco laboral, recoge como reformas la simplificación del número de contratos a tres -estable, temporal y de formación-, un plan de choque contra el desempleo juvenil, la “modernización” de la negociación colectiva, la regulación de la subcontratación, un sistema “transitorio” de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta finales de 2021 para dar lugar a un sistema estable, la digitalización del Servicio Público de Empleo (SEPE) y la revisión de las bonificaciones.

En el aspecto fiscal destaca que “se prevé una reducción del déficit ya en 2021” y que la reducción del desequilibrio presupuestario de forma estructural “se retomará una vez se alcance un crecimiento sostenido”. En lo que afecta a medidas fiscales, detalla las que ya aprobaron el año pasado y la adaptación de la fiscalidad medioambiental.

En materia de pensiones, recoge el mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones, la alineación de la edad efectiva a la edad legal de jubilación con incentivos al retraso de la jubilación, la “adecuación” del periodo de cómputo para la pensión en las nuevas carreras profesionales, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos o la “adecuación” de la base máxima de cotización que “deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima”.