En un nuevo boletín de seguimiento del impacto de la crisis del Covid-19 en la economía española firmado por Florentino Felgueroso y Ángel de la Fuente, Fedea se refiere al decreto de ayudas directas aprobado por el Gobierno el mes pasado para paliar los efectos en las pymes y los autónomos.

La fundación cree que el decreto supone un “paso en la dirección correcta” y “ayudará a evitar muchos cierres innecesarios de empresas y a repartir de forma más equitativa los costes de la pandemia”.

No obstante, llama la atención sobre aspectos “susceptibles de mejora” como es exigir a los solicitantes de las ayudas que estén al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social en el momento en el que presenten la solicitud.

En este punto, Fedea cree que al destinarse estas ayudas a empresas con problemas de solvencia “es muy probable que muchas de ellas sean incapaces de cumplir este requisito” y alternativamente, para hacerlo podrían verse obligadas a concentrar sus incumplimientos en sus acreedores privados “reforzando así los posibles efectos de bola de nieve que el Gobierno presumiblemente busca evitar con las ayudas”.

Adicionalmente, el decreto opta por dar a las ayudas un marcado carácter finalista, estableciendo un orden de prevalencia “que podría ser un problema si se opta por una interpretación rígida del texto”. Al respecto, Fedea dice que si se toma literalmente el decreto, “obligaría a los beneficiarios de las ayudas a destinar el remanente de las mismas que pudiera quedar tras pagar las deudas pendientes con proveedores a reducir sus préstamos, comenzando por los ICO -avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO)-, incluso aunque careciesen de liquidez para hacer frente a nuevos pagos a proveedores o cubrir sus costes fijos en los próximos meses”.

Finalmente, Fedea también ve “detalles cuestionables” en el reparto territorial de las ayudas y su gestión. No cree que las autonomías, frente a la Agencia Tributaria, “cuenten con ventaja comparativa en la gestión del programa, y su implicación retrasará inevitablemente la llegada de unas ayudas que ya se han hecho esperar más de lo razonable”.

También manifiesta no entender la necesidad de repartir las ayudas entre los territorios antes de que se soliciten “cuando el texto ya establece criterios para fijar la cuantía de las ayudas en función de la caída del volumen de negocio de las empresas”.

Precisamente, el Consejo de Ministros de este martes aprobará mejoras en el decreto de las ayudas directas para permitir que las comunidades autónomas añadan más sectores a los que destinar estas ayudas respecto a los previstos inicialmente, y establecer excepciones a la regla de que los beneficiarios de las ayudas no hayan tenido pérdidas en 2019.