El proyecto de Ley, que será respaldado el próximo 12 de mayo en el pleno del Senado, “acerca a España al mandato de la convención de Naciones Unidas sobre las personas discapacidad”, indicaron estas entidades.

A su juicio, esta decisión “supondrá un gran cambio en la vida de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que tienen, en este momento, su capacidad jurídica limitada por figuras como la tutela, la curatela o la patria potestad prorrogada o rehabilitada, así como para aquellas que precisen apoyos en la toma de decisiones”.

En esta línea, reclamaron una financiación suficiente que haga realmente posibles los apoyos individualizados y adaptados a cada persona que prevé la ley.

Con este proyecto, se devuelve la ciudadanía secuestrada a miles de personas, que dejarán de ser "objeto de las decisiones de otros” para empezar a adoptar las suyas propias, concluyero.