El abogado Gustavo Galán hizo un informe más cercano a la posición acusatoria de la Fiscalía que al resto de las defensas, en consonancia con su expresada voluntad de colaboración con la justicia formulada en un escrito que remitió a Anticorrupción días antes del comienzo de la vista.

Insistió en la veracidad de los llamados ‘papeles de Bárcenas’ que contabilizaron durante años las donaciones realizadas por empresarios que después, según su declaración, se vieron favorecidos por la adjudicación de contratos públicos. Galán admitió que esos documentos podrían contener algún error, pero los refrendó como ciertos.

Así, la defensa del extesorero explicitó que ha renunciado a “una postura defensiva” en favor de la colaboración con la justicia, que en el caso de Bárcenas “es producto de la reflexión o del arrepentimiento del que sufre la perdida de la libertad".

"Solo aquel que no ha experimentado la pérdida de la libertad puede llegar a cuestionar si existe la posibilidad de que existan conductas de arrepentimiento como las que ha aflorado en este caso en la defensa del señor Bárcenas y sobre todo cuando su mujer está privada de la libertad y el mismo se achaca las culpas de la situación en la que ésta se encuentra", dijo el letrado en referencia a la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias, que cumple condena por el ‘caso Gürtel’.

Galán insistió en que el grueso de las anotaciones de los ‘papeles de Bárcenas’ son ciertas y, en relación con los registros del pago de sobresueldos, destacó que coinciden en el tiempo con los nombramientos de los afectados para formar parte del Gobierno. En ese sentido, se refirió explícitamente al caso del expresidente Mariano Rajoy, cuyas siglas comenzaron a estar en esa contabilidad como receptor de sobresueldos a partir de su investidura.

El abogado excusó la falta de nuevas pruebas para acreditar estas acusaciones formuladas por Bárcenas en los estragos de la 'operación Kitchen', que sirvió, supuestamente, para espiar a la familia y sustraerle documentación a través de un dispositivo parapolicial supuestamente organizado desde el Ministerio del Interior, y que está siendo investigada en la Audiencia Nacional.

En su informe, el letrado recordó que los periodistas que han comparecido como testigos en el juicio no han negado que existiera una grabación al extesorero Álvaro Lapuerta sobre la ‘caja b’, aunque se acogieran al secreto profesional al hablar de ella en el juicio.

El abogado reprochó al fiscal Antonio Romeral que, pese a esa voluntad de colaborar de Bárcenas, haya mantenido su petición de cinco años de prisión en una “postura dura”, sin aplicar la atenuante de confesión o de reparación del daño. Insistió también en que su defendido no debe ser condenado por asociación ilícita ni por apropiación indebida en la compra de acciones de Libertad Digital, dado que el dinero con el que se compraron esos títulos no eran propiedad del extesorero y el PP no le reclama cantidad alguna.