Así lo trasladó el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Oscar Arce, durante la presentación del Informe Anual del organismo correspondiente al ejercicio 2020, subrayando que más del 90% de las empresas “mueren, son liquidadas, salen con los pies por delante” por los ineficientes procesos actuales de los concursos públicos.

El Informe reclama de manera específica mejorarlos con medidas como aliviar la congestión de los juzgados de lo mercantil, “la eliminación de la exoneración de las deudas públicas”, el “acortamiento de la duración del plan de pagos del deudor concursado” y diseñar concursos públicos especialmente dirigidos a pequeñas empresas.

Según el estudio, el uso de estos procedimientos es “particularmente infrecuente entre las microempresas y los autónomos, que constituyen el grueso del tejido productivo español” por la “lentitud” de los concursos de acreedores con la congestión de los juzgados y “la dificultad de que las personas físicas obtengan una exoneración sustancial de deudas en los concursos”.

“Esto obedece, en gran medida, a que el crédito público -que está constituido por deudas tributarias y cotizaciones a la Seguridad Social- no es eximible y habitualmente supone una proporción relevante del pasivo total de microempresas y autónomos”, aclaró. Además, indicó que la situación se ve agravada con que, para beneficiarse de la exoneración parcial del resto de las deudas insatisfechas, el deudor tiene que cumplir un plan de pagos, “cuya duración puede ser excesiva” -son cinco años-.

Arce precisó que no es preciso eliminar del todo la prioridad de cobro de las administraciones públicas, pero sí rebajarla “para facilitar una mayor involucración y reforzar los incentivos del resto de acreedores para luchar por la supervivencia de la empresa en cuestión” cuando se trate de compañías “que son viables”.

Para el organismo resulta “crucial” que las políticas públicas favorezcan además “un equilibrio adecuado entre asegurar la supervivencia de las empresas con problemas de solvencia, pero viables, y facilitar la salida eficiente del mercado de las empresas no viables” porque “un nivel ineficientemente alto de liquidaciones empresariales dañaría las posibilidades de crecimiento de la economía a medio y largo plazo”, como también sostener de forma artificial empresas ‘zombies’.

Arce expuso que la crisis ha sumido a muchas empresas en “rentabilidades contables negativas durante el año 2020”, sobre todo pymes, y aunque espera que, “conforme se recupere la situación macroeconómica, los sectores y las empresas vayan recuperando gradualmente sus niveles de rentabilidad”, avisó que hay muchas con altas deudas a encarar y dificultades para sobrevivir.

RIESGO DE OBTURAR EL CRÉDITO

Conforme a los cálculos del supervisor, se podrían declarar entre 10.000 y 20.000 millones de euros en deudas empresariales insostenibles que acabarán pasando factura a la banca en forma de auge de morosidad y “podría terminar endureciendo la oferta de crédito en el peor momento posible”, porque “es necesario que el canal de crédito funcione bien y de manera potente para financiar y facilitar esa recuperación”.

Para “mitigar estos riesgos”, Arce consideró “absolutamente fundamental implementar de manera ágil y flexible las medidas que ha aprobado recientemente el Gobierno para apoyar la solvencia empresarial”, en alusión al fondo de 11.000 millones de euros para ayudas directas, reestructuraciones de deuda y recapitalizaciones.

En concreto sugirió que se emule el sistema utilizado para los programas de avales del ICO, cuya dotación se fue liberando por tramos y adaptándola a las necesidades que se iban detectando y que se sea “flexible” en cuanto al universo de sectores o empresas beneficiarias. “Pensamos que mantener el grado de flexibilidad, esa adaptabilidad de la herramienta a la evolución de la crisis en este caso es, si acaso todavía más necesario”, apuntó.