Según estudios de esta organización, una familia con una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo debe asumir un sobresfuerzo económico de unos 27.000 euros. “Para estas familias, conciliar la vida laboral y personal es toda una hazaña”, afirma Santiago López, presidente de Plena inclusión y padre de un joven con discapacidad intelectual.

A su juicio, “las administraciones públicas deberían comprometerse con más medios para facilitar buenos apoyos, que son los que nuestras familias reclaman”.

Roxana Castaño, responsable de Familias en Plena inclusión Cantabria, detalló una serie de medidas concretas que se pueden exigir a las administraciones públicas.

En declaraciones a la revista ‘Voces’, señaló que estos familiares deben “contar con planes para la conciliación en sus empresas; poder promocionar sin renunciar al cuidado o acceder a puestos de trabajo que lo faciliten; tener la oportunidad de descansar, relacionarse con otras personas o disponer de algún estímulo mental equiparable, y que su labor de cuidado venga acompañada de una compensación económica mayor que la que actualmente recoge la Ley de la Dependencia”.