Tribunales

Vox amplía su querella por el rescate de Plus Ultra y añade delitos de fraude en subvenciones, cohecho y tráfico de influencias

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MADRID
SERVIMEDIA

Vox ha ampliado los delitos por los que el pasado mes de abril presentó una querella por el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, gestionado por la SEPI y avalado por el Consejo de Ministros. El escrito se ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

La responsable jurídica de la formación, Marta Castro, incorpora así delitos contra la hacienda pública, por fraude de subvenciones, cohecho y delito de tráfico de influencias, del que, además, deberá responder la aerolínea como persona jurídica. La formación solicita nuevas diligencias: los informes realizados por Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

También se pide que se llame como diligencia testifical al gerente y director General de Plus Ultra. Y testificará el representante legal de la aerolínea y de SNIP Aviation.

Plus Ultra fue rescatada con una ayuda de 53 millones de euros gestionada como un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones, a través del fondo de rescate para empresas estratégicas y viables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Precisamente el carácter estratégico y viable de la aerolínea están en tela de juicio.

En su escrito, Castro pide que se llame a testificar al gerente y director general de Plus Ultra, un representante legal de la aerolínea y de SNIP Aviation. Vox asegura que la falta de pronunciamiento del Juzgado sobre su personación “impide a esta parte ejercitar los derechos esenciales inherentes a la acusación popular al no poder accionar frente a resoluciones o posturas de otras partes personadas decisivas para el mantenimiento de la acción”.

Por otro lado, la vicesecretaría nacional jurídica ha enviado un escrito al Tribunal Supremo, donde se presentó una querella el pasado mes de marzo, y en el que ha incorporado un análisis de la situación contable de la aerolínea beneficiada por el rescate aprobado por el Consejo de Ministros.

En el estudio enviado, Castro concluye que la aerolínea no cumplía los requisitos para beneficiarse de un rescate que sólo podrá recuperarse en parte por el Estado en caso de que la empresa obtenga beneficios en el futuro. “En definitiva, es una entrega de dinero a fondo perdido a un entramado societario configurado como un holding cuya matriz tiene sede en Panamá y es de capital venezolano”.

(SERVIMEDIA)
17 Mayo 2021
SGR/clc