Durante la reunión, a la que también asistieron la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, presentaron el Plan de mejora y modernización de las actuaciones contra la violencia de género puesto en marcha, para el que, según manifestó la ministra, es “necesario” contar con las entidades presentes para conocer cuáles son los concretos de los protocolos de coordinación que se pueden mejorar desde las instituciones para combatir la violencia contra las mujeres.

Asimismo, se reivindicó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género “en una semana trágica para España con seis asesinatos machistas”. “Ahora es más necesario que nunca, tanto por las consecuencias económicas y sociales provocadas por la Covid-19, como por los asesinatos que se siguen produciendo”, incidió la ministra, Irene Montero.

Por su parte, las entidades y organizaciones del movimiento feminista que estuvieron presentes hablaron de la “importancia” de contar con una perspectiva que garantice los derechos de todas las mujeres víctimas de violencia, y que se pueda denunciar “con garantías”, además de contar con una “ventanilla única para evitar la revictimización”.

También pusieron el acento en que el sistema sanitario “puede ser una senda” para detectar situaciones de violencia, por lo que se instó a tener en cuenta que esta es una “vía privilegiada de detección de violencia contra las mujeres” y solicitaron que se forme a los operadores policiales porque “existe poca información”. Otra de las cuestiones que reclamaron fue la constitución de un grupo de trabajo “abierto y permanente”, formado por la sociedad civil, una reivindicación que se lleva haciendo desde las organizaciones del Observatorio Estatal de Violencia Contra la Mujer.

En cuanto a las medidas de protección, resaltaron que “son generosas para los maltratadores y, además, no se aplica la prisión preventiva”, por lo que, según indicaron, “es fundamental estar vigilantes ante el cumplimiento efectivo de estas medidas”. Mientras, en relación a los menores, se explicó que “uno de los problemas” es que las medidas de protección de los mismos “no se cumplen” y que “no existen” medidas concretas de prohibición del SAP (Síndrome de Alienación Parental) ni de sanción para los tribunales que sigan aplicándolo.

Por último, se puso de relieve la “necesidad” de contar con una evaluación y diagnóstico de las campañas de prevención dirigidas a combatir los estereotipos y seguir luchando contra los discursos de odio, así como garantizar la reparación del daño a las mujeres y menores víctimas de violencia.

Atendiendo a la petición realizada por el Ministerio de Igualdad, la Fundación Cermi Mujeres puso a su disposición el Protocolo para la Atención a Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia, recientemente elaborado por la entidad, que tiene por objeto asegurar una adecuada protección de estas mujeres por todas las partes intervinientes ante su mayor exposición a la violencia, según concluyó la última Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer de 2019.