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El Cermi analiza en un informe los contenidos de discapacidad de la nueva legislación contra la violencia en la infancia y la adolescencia

MADRID

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha analizado en un informe los contenidos en materia de discapacidad y accesibilidad que incorpora la nueva ley de infancia, incluidos “gracias a su acción propositiva” a lo largo de la tramitación de esta iniciativa, y cuyo objetivo es dar a conocer el tratamiento de la discapacidad en el nuevo marco de legal de protección contra la violencia en esta etapa de la vida, aprobado recientemente.

Esta ley, que persigue atender el derecho de los niños, niñas y adolescentes para que no sean objeto de ninguna forma de violencia, contempla al colectivo con discapacidad por ser “sujetos especialmente sensibles y vulnerables a esta tipología de violencia”. Asimismo, establece garantizar la erradicación y la protección frente a cualquier tipo de discriminación y la superación de los estereotipos de discapacidad o por cualquier otra circunstancia o condición personal, familiar, social o cultural.

Así, a lo largo de todo el articulado de la ley se incorpora el enfoque transversal de la discapacidad y la accesibilidad para hacer efectivos los mandatos de esta normativa a todos los niños, niñas y adolescentes, “sin excepciones”, y que se tenga en consideración las necesidades específicas de las personas menores con discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad.

Un enfoque que se aplica en materia de formación especializada para los profesionales que tengan contacto habitual con las personas menores; en la atención integral o temprana para menores víctimas de violencia; o en campañas de sensibilización accesibles para garantizar su acceso, al tiempo que incluye actuaciones específicas en materia de prevención, detección precoz e intervención cuando la violencia tenga como motivación la discapacidad dentro del entorno familiar, educativo, sanitario, deportivo o en centros de protección.

Además, también recoge la creación por parte del Gobierno de un Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia con datos relacionados con las víctimas en los que se debe especificar si la persona menor tiene discapacidad; así como la incorporación de la perspectiva de la discapacidad y género en la encuesta del CIS sobre las opiniones de la población en cuanto a la violencia ejercida en la infancia y la adolescencia.

A través de esta ley, también se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los supuestos en los que intervenga una persona menor de edad necesitada de especial protección, a fin de que tenga la garantía de protección de sus derechos; la Ley del Poder Judicial en su Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial con el enfoque de la discapacidad; o la Ley General de la Publicidad, con el objetivo de no atentar contra la dignidad de menores por razón de discapacidad.

(SERVIMEDIA)
09 Jun 2021
APP/gja/

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