Los resultados del proyecto piloto que asociaciones de Plena inclusión llevan a cabo en 15 comunidades autónomas indican que a miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo les cambiaría la vida si contaran con un asistente personal. Sin embargo, de acuerdo con datos de abril de 2021 facilitados por el Gobierno, solo el 0,56% de las personas con discapacidad que reciben la prestación de dependencia disfrutan de este servicio, según indicó Plena inclusión.

La asistencia personal es un recurso profesional que provee de apoyos puntuales demandados por las personas con discapacidad, señaló Plena Inclusión, y agregó que gracias a este servicio individualizado, las personas pueden tomar decisiones sobre su día a día para vivirlo con mayor dignidad, como el resto de la ciudadanía, “desde la aspiración legítima a una vida independiente”.

Plena inclusión recordó que la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad reconoce en su articulado que la vida independiente es un derecho fundamental y que los Estados firmantes (España la suscribió en 2008) deberían tomar las medidas necesarias para asegurarla. “Todas las personas con discapacidad tienen derecho a vivir la vida que elijan y a recibir los apoyos necesarios”, explicó Silvia Muñoz, coordinadora de Asistencia Personal de Plena inclusión. En este proyecto piloto, que se inició en 2018, participan 15 de las 19 federaciones territoriales de Plena inclusión.

La miembro de la Red de líderes con discapacidad intelectual de Plena inclusión, Laura Manzano, defendió su necesidad: “Yo pienso que sería muy importante poder contar con un asistente personal. Pienso esto porque su figura serviría para muchas cosas. Sobre todo, serviría para que las personas con discapacidad intelectual podamos tener independencia, que es una de las cosas que queremos conseguir”, afirmó.

Por ello, Plena inclusión lanzó una campaña en redes sociales que recuerda que la asistencia personal es un servicio que debe financiarse adecuadamente desde los poderes públicos tal y como afirma la Ley de Dependencia y autonomía Personal, aprobada en 2006, y que sigue sin desarrollarse en apartados como este.