La Sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona promovió cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 137 de la Loreg. Dicho precepto establece: “Por todos los delitos a que se refiere este capítulo se impondrá, además de la pena señalada en los artículos siguientes, la de inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo”.

La Audiencia de Barcelona consideraba que este precepto no determina la duración posible de dicha pena, en cuanto no aparece vinculada directamente a las que prevé la Loreg para cada uno de los delitos electorales, sin que esa deficiencia pueda ser suplida con la remisión que hace la Ley al Código Penal. A su juicio, dicha omisión estaría vulnerando el principio de legalidad penal establecido en el artículo 25 de la Constitución.

La sentencia explica que el artículo 138 de la Loreg, en coherencia con el carácter de ley penal especial de la parte de la Loreg dedicada a los delitos electorales, remite a la aplicación del Código Penal en todo lo que no esté regulado en ella, lo que significa que se aplicará en todo aquello que la legislación penal especial no prevea.

La aplicación de ese criterio hace que la supuesta laguna del artículo 137 de la Loreg pueda ser salvada por remisión a lo dispuesto en el artículo 33.6 en relación con el artículo 56.1 del Código Penal cuando, en relación con la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, dispone que “tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal” o alude a que la privación del derecho de sufragio pasivo lo es “durante el tiempo de la condena”.

En consecuencia, ha de entenderse que el artículo 137 de la Loreg no incurre en la indeterminación que aprecia el órgano judicial de Barcelona, por cuanto la pena de inhabilitación que prevé ha de tener una duración equivalente a la de la respectiva pena privativa de libertad impuesta en cada litigio concreto, aplicando, en el caso de que la pena impuesta sea la de multa, el mecanismo de conversión a responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal.

El Tribunal concluye, por tanto, que el artículo 137 de la Loreg no es contrario a la Constitución, si bien deja constancia de la conveniencia de una pronta reforma legislativa en esta materia.