El escrito de acusación atribuye a Buch presuntos delitos de malversación y prevaricación por facilitar al expresident un servicio de protección en el extranjero de Mossos d´Esquadra con cargo al erario público. La acusación pública también solicita cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación para el mosso Lluis Escolà Miquel, que fue la personas en cargada de la protección de Puigdemont desde su salida del país y hasta su instalación en Waterloo.

El fiscal sostiene que este sargento de la policía autonómica prestó "servicio activo" en el cuerpo catalán hasta el 29 de octubre de 2017. Era jefe del área de escoltas del entonces presidente de la Generalitat. Tras la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución, que supuso la destitución de Puigdemont, el departamento de Interior mantuvo el dispositivo de seguridad de manera reducida.

Según explica la Fiscalía en su escrito de acusación, el agente recibió una llamada de Puigdemont, tras la cual se trasladó a su domicilio en Sant Julià de Ramis (Girona) y, sin comunicar a sus superiores la intención del político de "abandonar el territorio de forma precipitada para eludir la actuación judicial", montó un “dispositivo clandestino" en virtud del cual "acompañó y escoltó al huido hasta Francia, donde tomó un avión a Bélgica".