Lo hizo con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez que se celebra hoy, una efeméride en la que recordó que las personas mayores que viven en residencias han sido las “víctimas más vulnerables” de la pandemia.

Amnistía Internacional consideró “imprescindible y urgente” el desarrollo de cambios normativos que “protejan los derechos humanos” de los ancianos en residencias y la armonización de la normativa a nivel estatal, autonómico y local.

En ese sentido, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, subrayó que “las residencias se han convertido en el triste ejemplo de lo que es una mala gestión y falta de respuesta de las autoridades, cuyas consecuencias las han sufrido miles de personas mayores, que han sido tratadas como ciudadanas de segunda”.

Esta organización también señaló como “necesario” la puesta en marcha de “investigaciones independientes” que determinen si las comunidades autónomas y el Estado “cumplieron con sus obligaciones de garantizar la calidad de la atención en las residencias” durante la pandemia, y la activación de “mecanismos de mejora con evaluaciones periódicas para evitar que esto pueda repetirse en el futuro”.

Tales cambios, según Amnistía Internacional, han de tener un “enfoque intersectorial, de género y de derechos humanos”, y tienen que contar con “criterios comunes” que “eviten la arbitrariedad” en las políticas públicas que se pongan en marcha, en cuya aplicación deben jugar un papel central las autoridades de salud pública y la de los servicios sociales en cada ámbito territorial.

El colectivo que dirige Esteban Beltrán detectó siete carencias en la gestión de las residencias que han provocado el “abandono” de las personas mayores durante la pandemia: “negación de la atención individualizada y de las derivaciones hospitalarias”, “régimen de inspecciones insuficiente”, “régimen de visitas incumplido”, “ausencia en la recogida de datos”, “ratios (de trabajadores) insuficientes”, “falta de inversión pública” y ausencia de participación de los residentes y de sus familiares en las toma de decisiones que les afectan.

Ante ello, Amnistía Internacional propuso siete medidas para revertir la situación en las residencias, como “asegurar que las decisiones médicas se basarán siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas, de necesidad, criterios éticos y sobre la mejor evidencia científica disponible”, así como que las instrucciones y criterios para decidir la derivación a centros hospitalarios “en ningún caso” incluyan “criterios discriminatorios” en el acceso a la atención sanitaria en el futuro.

También reclamó articular un sistema de inspecciones de residencia que incluya “transparencia” a través de la “publicación periódica” de datos sobre el número de visitas y los resultados de ellas, llevando a cabo “visitas regulares” de inspección a los centros “sin aviso previo” y estableciendo un “sistema de denuncias” que garantice el anonimato y que cuente con los recursos adecuados.

A su vez, instó a cumplir con los acuerdos del Consejo Interterritorial de diciembre de 2020 en lo concerniente a garantizar el contacto regular entre residentes y familias, además de urgir a desarrollar un “procedimiento unificado” para recoger y proporcionar datos sobre las personas mayores en residencias con un análisis de género, edad y discapacidad, para la puesta en marcha de “políticas públicas adecuadas” ante futuras pandemias.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional sugirió el establecimiento de “criterios y mecanismos” para “adecuar las plantillas del personal de residencias a las necesidades reales de atención de las personas residentes y asegurar formación obligatoria y especializada en la aplicación de protocolos o utilización de EPI”.

Del mismo modo, llamó a incrementar los recursos destinados a las residencias y a involucrar a las personas mayores y sus familiares en las decisiones que les afectan relacionadas con el modelo residencial.

SITUACIÓN RESIDENCIAS

Amnistía Internacional demostró que durante la primera ola de la pandemia “se vulneraron los derechos a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a una muerte digna” de las personas mayores que viven en residencias.

Esta situación, según esta organización, “ha cambiado sustancialmente” en la actualidad, ya que no se tiene constancia de que durante la segunda ola y posteriores no se hayan producido derivaciones en ninguna comunidad autónoma.

Por otro lado, la mayoría de los territorios “han flexibilizado y ampliado” el régimen de visitas de familiares tras la vacunación, a pesar de lo cual algunos familiares y plataformas de afectados denuncian que “algunas residencias han actuado con discrecionalidad y todavía no permiten el acceso de los familiares a los espacios privados de los residentes, como las habitaciones”.

A pesar de que el Defender del Pueblo en su último informe anual observa que las comunidades han de “reforzar los servicios de inspección para que estén suficientemente dotados y puedan llevar a cabo su función de forma eficaz”, Amnistía señaló que “no hay de forma general datos públicos sobre las inspecciones, salvo en algunas comunidades autónomas, como Castilla y León o La Rioja”.

Este colectivo también apuntó que, con fecha 11 de mayo de 2021, prácticamente todas las personas mayores de 80 años habían recibido, al menos, una dosis de la vacuna, mientras que al 96,4% le habían inoculado la pauta completa.

Por último, expuso que el pasado mes de marzo, un año después del inicio de la pandemia, el Gobierno publicó por primera vez la cifra de fallecidos en residencias de mayores a causa del coronavirus o con síntomas compatibles, un guarismo que, a fecha de 23 de mayo, es de 29.558 personas.