Su consigna de prudencia la ofreció durante el 'XXXVIII Seminario de la APIE: La Economía de la Pandemia', organizado por en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y después de que comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo y Economía Social haya estimado que el SMI debe subir aún entre 61 y 99 euros para alcanzar el 60% del salario medio español al que se ha comprometido el Gobierno.

Según la Comisión Asesora, eso implica situar el SMI los 1.011 y 1.049 euros en 14 pagas en 2023 frente a los 950 actuales, y propone un aumento de entre 12 y 19 euros al mes ya para este mismo ejercicio 2021.

Por otro lado, Calviño aseguró que el informe de los expertos “constata” la “complejidad” que existe para determinar las magnitudes que podría suponer alcanzar este objetivo y para “diseñar una senda” de actuación “en un entorno de alta incertidumbre” como el actual.

En este sentido, afirmó que la pretensión final del Ejecutivo es aumentar el salario mínimo y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero señaló que no se puede “poner en riesgo el curso de la recuperación económica y la creación de empleo”, que, para la ministra, es “evidente” que debe que ser la “prioridad” del Gobierno en estos momentos.

Por último, Calviño ha recordado que el Gobierno ha aumentado el SMI en un 30% en los últimos tres años, una cifra “que no tiene comparación” con ninguno de los países del entorno de España.

REFORMAS COYUNTURALES PARA LA LUZ

Respecto a la subida de la factura de la luz, Calviño insistió en que la nueva tarificación pretende lograr un “uso más eficiente de las infraestructuras eléctricas”, y recordó que las previsiones iniciales del Gobierno auguraban una reducción del coste medio del 3%.

Según la ministra, esta una estimación se ha visto lastrada como consecuencia de un aumento “muy importante” de los costes de producción de energía, que se han disparado por el incremento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).

En este escenario, Calviño abogó por plantear medidas de “carácter más coyuntural” porque son un Gobierno “muy sensible y concienciado con la necesidad de proteger a los consumidores y las empresas”.

“Tenemos que tratar de que la transición sea justa. Estamos evaluando distintas medidas que puedan permitir aliviar el impacto negativo de este aumento de los costes de producción sobre la factura”, prosiguió Calviño, quien no concretó ninguna medida y se posicionó con la postura de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

“Estamos considerando distintas alternativas para medidas de corto plazo y no querría especular hasta que se toma una decisión al respecto”, concluyó.