La aplicación de esta decisión del Gobierno le corresponde al Tribunal Supremo, que los condenó. Así, una vez que los decretos de indulto se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles, el TS tendrá que librar los correspondientes oficios a las prisiones para ordenar la excarcelación de los indultados. La salida de prisión se producirá en horas.

Los indultos pueden ser recurridos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo una vez concedidos, pero el control del alto tribunal se limita al análisis de elementos de tipo formal, como la comprobación de que el indulto cuenta con todos los informes preceptivos y que es una decisión motivada de manera individual.

La decisión se tomará tras haber solicitado el informe preceptivo a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se ha pronunciado en contra por unanimidad de sus miembros. También la Fiscalía ha informado en contra de la medida de gracia. El Gobierno está obligado a recabar esos informes, pero no son vinculantes.

Estos indultos serán parciales, puesto que no cuentan con el respaldo del tribunal sentenciador y contarán con un informe de Justicia para cada uno de los nueve penados que serán objeto de esta medida de gracia. Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, es otorgado por el Rey, a propuesta del Ministerio de Justicia.

El PP, Ciudadanos y Vox ya han anunciado recursos en contra de estos indultos. El TS anuló una medida de gracia en 2013. En esa ocasión el gobierno de Mariano Rajoy indultó a un conductor kamikaze que mató a un joven en Valencia. El Supremo lo rechazó porque la decisión no estaba motivada, ni explicadas las razones de utilidad pública y dio un plazo para subsanar estas circunstancias, pero el Ejecutivo no lo hizo.