Así lo asegura el Gobierno en una respuesta a una pregunta por escrito formulada por los senadores del PP Violante Tomás Olivares, Francisco Martín Bernabé y Juan María Vázquez Rojas, que se interesaron por las acciones del Ministerio de Consumo para promover la garantía legal de las operaciones y transacciones dinerarias en metálico como forma de proteger a consumidores vulnerables como personas mayores o con discapacidad, como reclama el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

En la respuesta, a la que tuvo acceso Servimedia, el Gobierno recuerda que en enero de este año aprobó el real decreto ley de protección de consumidores y usuarios que introdujo en el ordenamiento jurídico la figura de la "persona consumidora vulnerable”.

Siguiendo la estela de la Nueva Agenda Europea del Consumidor, explica el Gobierno, la definición de la “persona consumidora vulnerable” trascendía la tradicional consideración de vulnerabilidad vinculada únicamente a la capacidad económica.

Así, se definía a las personas consumidoras vulnerables como aquellas “personas físicas que de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad”.

El Gobierno reconoce que las personas mayores o con discapacidad pueden tener la consideración de personas consumidoras vulnerables en determinadas relaciones concretas de consumo, y asegura que por ello presta “especial atención a todas las circunstancias exógenas", como puede ser el acceso a efectivo, que puede hacer más acuciante su situación de vulnerabilidad.

Explica que, en relación con las transacciones comerciales en metálico, desde el Gobierno, a través del Ministerio de Consumo, se están llevando a cabo distintas reuniones con agentes afectados a los efectos de conocer “la potencial magnitud del problema y diseñar políticas públicas para revertir dicha situación en caso de resultar necesarias".