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Estudiantes sordos piden no tener que elegir entre "intérpretes o audífonos"

- Reivindican su derecho a educarse en lengua de signos y lengua oral

Estudiantes sordos piden no tener que elegir entre
MADRID

Los alumnos sordos se encuentran con múltiples barreras en el sistema educativo que dificultan su inclusión, tales como la falta de intérpretes de lengua de signos, la ausencia de materiales adaptados, el desconocimiento de sus necesidades por parte del profesorado y la obligación de elegir entre “la vía oralista o la signante”, cuando la realidad es que “necesitan combinar ambas modalidades”.

Así lo pone de manifiesto el estudio sobre la ‘Situación Educativa de la Juventud Sorda en España’, elaborado por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y su Comisión de Juventud (CJS-CNSE), con la colaboración del Equipo de Estudios e Investigación Social de Ilunion Tecnología y Accesibilidad.

Presentado este jueves durante un encuentro en la agencia de noticias Servimedia, el trabajo fue posible gracias a las subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales procedentes de la X Solidaria del IRPF, y de la Fundación ONCE.

Según la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, la Ley 27/2007 que reconoce las lenguas de signos en España no se cumple en su totalidad. Apuntó que la norma reconoce el derecho de las personas sordas a elegir qué tipo de apoyos necesitan, pero “la realidad es que cuando un alumno que utiliza audífonos o bucle magnético solicita un intérprete de lengua de signos, sus propios centros se lo deniegan”.

Este fue el caso de Nerea Moreno, una estudiante sorda de Enfermería que explicó en el encuentro su experiencia en este terreno. “Al llegar a la universidad lo solicité, pero me dijeron que yo hablaba bien y que, como siempre había usado un apoyo de FM, no me lo concedían”. Para ambas, Concha Díaz y Nerea Moreno, esto supone que “son otros los que deciden qué recursos necesitan las personas sordas”.

El estudio denuncia que la educación bilingüe intermodal encuentra “muchos obstáculos” y que a los jóvenes sordos se les plantea la obligación de definirse como “oralistas o signantes”, cuando “la realidad es que no son categorías excluyentes, ni mucho menos”.

Otro punto que critica la investigación es la insuficiencia de intérpretes de lengua de signos, sobre todo en la educación postobligatoria. “Esto es muy frecuente al inicio de curso”, explicó Díaz, “con la consiguiente presión y la incertidumbre que genera a los estudiantes”. “Tampoco está asegurado que estén presentes todas las horas lectivas", prosiguió, "y mucho menos que tengan la formación especializada que requieren”.

En este sentido, la presidenta de la CNSE solicitó una mayor preparación de estos profesionales, sobre todo en los cursos más avanzados y en áreas específicas, como los idiomas. Díaz hizo un reconocimiento expreso a la labor tan importante que realizan y a que “se merecen trabajar en unas condiciones laborales dignas”, algo que no siempre sucede.

En su opinión, “las consejerías de educación deberían garantizar un presupuesto adecuado para contar con una bolsa suficiente de profesionales a principios de curso”. Esto no es así, y muchas veces su contratación sale a concurso público, que “gana la empresa que mejor oferta económica presenta”.

Ello repercute en sus condiciones laborales, en su preparación y, en última instancia, en la atención al alumnado sordo, que se pierde las primeras clases del curso y no sabe con cuántas horas con intérpretes va a poder contar. Una situación que a Macu Garrido, estudiante sorda de Grado Superior de FP de Diseño, le ha ocurrido en varias ocasiones.

APOYO DEL PROFESORADO

Otros puntos que destaca el estudio tienen que ver con la falta de formación específica del profesorado, que “desconoce las necesidades de comunicación de estos alumnos”, con la ausencia de docentes sordos competentes en lengua de signos, y con el desconocimiento de profesionales y familias.

Según Díaz, el 98% de los jóvenes participantes en el estudio procede de familias oyentes. “Si no reciben una atención temprana y nadie explica a sus padres en qué consiste la lengua de signos, es muy difícil que puedan acceder a una comunicación bilingüe de forma normalizada”.

Por otro lado, la investigación recomienda que estos alumnos “cuenten siempre con un adulto sordo de referencia en todas las etapas educativas,” y destaca la necesidad de que puedan participar con “grupos de iguales”.

En cuanto a la actitud del profesorado, la mayoría de los participantes coincide en que “tratan de facilitar nuestro aprendizaje con los recursos de que disponen”. Sin embargo, no siempre saben “ni cómo hacerlo ni cómo dirigirse a nosotros”.

Al respecto, la alumna Macu Garrido lamentó que no siempre le han facilitado todo el tiempo que necesitaba. “Yo comparto la atención. O miro a la intérprete o atiendo al conjunto de la clase”, explicó, “y eso requiere más esfuerzo para seguir las explicaciones”.

IMPACTO DE LA COVID

En el encuentro intervinieron también Martu Pericas, vocal de Comisión de Juventud Sorda de la CNSE, quien pidió “más medios” para garantizar los derechos del alumnado sordo, ya que la falta de recursos y adaptaciones en el aula condiciona y mucho su experiencia no solo educativa, sino vital”; y Luis Bascones, autor del estudio.

Subrayó cómo, a medida que los alumnos avanzan de curso, “la tecnología tiene un papel cada vez más importante”, tendencia que “se ha acelerado con la llegada de la pandemia y las clases a distancia”. En este sentido, alertó de que la ausencia de intérpretes de lengua de signos, de subtítulos, y de contenidos adaptados “han puesto muy difícil” a los estudiantes sordos continuar con su formación.

NUEVO REGLAMENTO

Clausuró el encuentro el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín Blanco, que agradeció este estudio a la CNSE, porque “disponer de conocimiento científico nos permitirá avanzar en políticas públicas fundamentadas”. “Hace falta seguimiento” y que las leyes vayan acompañadas de “políticas palanca y de presupuestos robustos y suficientes”, afirmó.

Insistió en que, en España, las lenguas de signos española y catalana son ley y que, como tales, deben ser protegidas y no oprimidas. Coincidió con Concha Díaz en que “España cuenta con “legislación adecuada en cuanto a reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad”, pero que falla en su aplicación.

Avanzó en este sentido, que ya está a punto el reglamento que desarrolla la ley 27/2007, y que garantizará entre otros, el derecho de las personas a acceder a los diferentes recursos y servicios también en su lengua natural.

Para Martín Blanco, una verdadera educación inclusiva implica “presencia, progreso en el aprendizaje y participación por parte del alumnado, un concepto exigente, para el que hace falta un cambio de mentalidad”, que se comprometió a impulsar.

De hecho, se reunirá con responsables del Injuve y de otras Direcciones Generales relacionadas con la educación y la juventud, a fin de “sensibilizar sobre todas las necesidades que una inclusión educativa real implica”.

(SERVIMEDIA)
24 Jun 2021
AGQ/clc/

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