En concreto, aprobó por 28 votos a favor y ninguno en contra una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que pide al Gobierno instar al Consejo de Europa a pronunciarse respecto a la inclusión de estas lenguas en la citada carta europea para asegurar “su protección”.

La iniciativa incluyó, además, dos enmiendas propuestas por el PP, que pedían la aprobación de un “reglamento específico” dirigido a asegurar la protección y promoción de dichas lenguas “desde el punto de vista de los derechos lingüísticos” y su reconocimiento como manifestaciones del Patrimonio Cultural e Inmaterial de España.

En cambio, una tercera enmienda del PP para la aprobación de una estrategia nacional de promoción del uso de dichas lenguas en el sistema educativo y en la atención temprana fue rechazada por los socialistas, al entender que se trataba de una competencia de las comunidades autónomas.

La senadora del PSOE Patricia Abascal subrayó “la importancia que para la comunidad signante tiene la protección y promoción de las lenguas de signos”, que siguen “siendo minoritarias y minorizadas”.

Explicó que la Ley 27/2007 reconoce la existencia de las lenguas de signos española y catalana y establece su protección y el derecho a ser utilizadas, algo que también hacen las leyes catalana y andaluza aprobadas después.

Sin embargo, prosiguió, “la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y Regionales “supone el principal instrumento legal para garantizar su reconocimiento y protección”.

Así “lo considera la comunidad signante europea”, y la propia Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), y el movimiento asociativo de la discapacidad lo demandan desde hace años, concluyó.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad aprobó también por unanimidad una moción de los socialistas para la puesta en marcha del Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo en 2021 y la aprobación del II Plan Nacional de Accesibilidad.

La moción pide al Gobierno desarrollar dichos planes en colaboración con los ayuntamientos y comunidades autónomas, en coordinación con la futura Estrategia Nacional de Discapacidad 2022-2030 que en la actualidad prepara la Dirección General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por su parte, el PP defendió sin éxito una enmienda para “impulsar las modificaciones legales necesarias a fin de garantizar los derechos de las personas con TEA”, con una mención a la propuesta de ley para modificar la Ley General de Discapacidad a fin de incluir de forma expresa la accesibilidad cognitiva.

Aprobada en su día con un amplio consenso en el Senado, esta reforma se encuentra actualmente paralizada en el Congreso, donde el grupo socialista y Unidas-Podemos han presentado varias enmiendas de modificación.

La senadora del PSOE Estefanía Martín explicó que la Cámara Baja va a constituir una ponencia para analizar dicha proposición de ley, por lo que rechazó la enmienda del PP, puesto que “viene a significar que no confía en el trabajo que se va a realizar en el Congreso”.