Se trata de un mecanismo que obliga a evaluar la “proporcionalidad” de introducir nuevas regulaciones o requisitos que restrinjan el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio, o modificar las existentes, antes de su incorporación.

Para ello, la directiva establece unas directrices comunes a todos los Estados miembros que incrementan la seguridad jurídica en la definición y requisitos de las nuevas profesiones reguladas. Su objetivo es garantizar la movilidad de profesionales dentro de la UE, una mayor apertura del mercado, facilitar la adecuación de las normas a la nueva realidad económica, favorecer la competitividad y la protección de los consumidores y usuarios.

Para ello, el real decreto detalla la lista de cuestiones que las autoridades deben tener en cuenta al elaborar la norma reguladora de una profesión con el fin de garantizar que las medidas adoptadas “son proporcionadas, necesarias y no discriminatorias para el ejercicio de esa profesión”, según explicó el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Así a la hora de regular nuevas profesiones o modificar las existentes los responsables deberán justificar que las restricciones para el acceso son proporcionadas a los objetivos y beneficios perseguidos. Así, se evitará la imposición de barreras innecesarias para el acceso o ejercicio de profesiones reguladas, lo que contribuirá a una mayor competencia.

Si bien, la normativa española actual ya contempla la obligación de realizar un análisis previo de la necesidad, proporcionalidad y no discriminación para las profesiones reguladas, el real decreto incluye como novedad que este análisis deberá hacerse siguiendo el marco homologado establecido por la Unión Europea, que garantiza que en todos los países se tiene en cuenta los mismos criterios.

Bajo esta máxima y a la hora de fijar condiciones o criterios, deberán compararse las medidas propuestas con soluciones alternativas que permitan alcanzar el mismo objetivo imponiendo menos restricciones.

En la regulación se abre la posibilidad de que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas establezcan además recomendaciones comunes en el marco de sus competencias.