Promovida por el Grupo Popular y aprobada por 28 votos a favor, la moción instaba en un principio al Gobierno a impulsar el desarrollo de esta regulación estatal. Sin embargo, incorporó finalmente una enmienda del Grupo Socialista que cambió la redacción en este punto, a fin de “reconocer los trabajos realizados desde hace años" en este terreno.

En la defensa de su enmienda, la portavoz socialista, María Isabel Fernández, se refirió a la aprobación del Plan de choque en Dependencia, al aumento presupuestario para el Plan Concertado, al diálogo iniciado entre los agentes sociales en cuanto a la regulación de la figura del asistente personal y a los trabajos del Imserso.

La senadora del PP Patricia Rodríguez señaló a su vez que “existe ya una propuesta muy elaborada en cuanto a la regulación de esta figura” propuesta por la comisión de trabajo creada en el seno del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a tal efecto.

En esta línea, apostó por las 50 horas de formación que dicha comisión propuso, y las fórmulas de contratación que el Cermi defiende. “Sabemos que se lleva tiempo trabajando en esto”, indicó, pero “echamos en falta más determinación por parte del Gobierno”. “Se conformaron con un acuerdo de mínimos”, y “de verdad que nos hubiera gustado no tener que defender esta moción, que registramos hace más de un año”, subrayó.

En su opinión, la figura del asistente personal “es la prestación más inclusiva de todas las que contempla la Ley de la Dependencia”, y cuando se van a cumplir 15 años de su aprobación, sigue sin estar desarrollada nivel estatal.

“Algunas comunidades está más avanzadas, como Galicia, País Vasco o Castilla y León”, prosiguió, y otras donde ni siquiera hay solicitudes contempladas”.

Todos los portavoces defendieron en sus intervenciones la necesidad de regular esta figura, a fin de impulsar su implantación y garantizar así la autonomía de las personas dependientes.

DISCRIMINACIÓN

Por otro lado, la Comisión aprobó, también de forma unánime, una moción que pide afrontar “la discriminación interseccional de la mujer joven con discapacidad”.

Entre otros puntos, la iniciativa propone promover en todos los ámbitos la formación e información a las mujeres con discapacidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, como estrategia de prevención de la violencia; facilitar la atención a estas mujeres en la administración de justicia, asegurando las adaptaciones y apoyos que precisen para lograr un acceso igualitario y proporcionándoles un acompañamiento durante todo el proceso; garantizar la atención y asistencia a las víctimas de violencia de género con discapacidad, adaptando los recursos existentes a sus necesidades; tener en cuenta sus particularidades en lo referente a las medidas específicas de protección a las víctimas durante los confinamientos a causa de la pandemia de la Covid-19; incluir la variable mujer joven con discapacidad en los planes de empleo, y promover campañas de salud mental dirigidas a este colectivo.

Además, la moción incorporó una enmienda del PNV para mejorar la formación sobre discapacidad que reciben los profesionales de la Justicia, en especial aquellos dedicados a la atención a las víctimas; los cuerpos y fuerzas de seguridad; los trabajadores sanitarios, los del mundo educativo, etc.

También incluyó la propuesta del PP de aplicar “la perspectiva de discapacidad” al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, sobre la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres.

La única moción sobre discapacidad que el Senado rechazó este martes fue una iniciativa del PP referida a la situación de las personas con discapacidad intelectual en el sistema penitenciario.

El texto, que fue rechazado por 15 votos en contra y 13 a favor, pedía la ubicación de estas personas en módulos especializados; garantizar a estas personas los medios y apoyos que precisen durante todo el proceso judicial; conseguir que el juez y el fiscal estén informados de su situación de discapacidad intelectual; facilitarles información adaptada (lectura fácil, pictogramas…); valorar la reclusión de algunos de estos presos –los que tienen delitos menores y baja peligrosidad- en los centros de régimen abierto; garantizar que sus particularidades son tenidas en cuenta en las decisiones relativas a permisos o revisión de penas, y asegurar una “financiación suficiente” a la Confederación Plena inclusión para que “siga desarrollando su importante labor” con esta población en las cárceles españolas.