Industria

La CNMC solicita que se aplique en todo el territorio nacional la autorización que permite a las empresas productoras de residuos su gestión de forma colectiva

MADRID
SERVIMEDIA

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Gobierno que se aplique de forma urgente en todo el territorio nacional la autorización que permite la creación de los llamados Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap), con los que las empresas productoras de residuos pueden gestionarlos de forma colectiva.

Según informa la CNMC, los Scrap son organizaciones sin ánimo de lucro que pueden constituir los fabricantes e importadores de productos y que se centran en la recogida, el tratamiento y la recuperación de los mismos. Esta denominación sustituye a los antiguos Sistemas Integrados de Gestión (SIG).

De momento, se ha establecido un marco legal por el que este tipo de organizaciones a las que están vinculadas las empresas generadoras de residuos, y en aplicación del principio de “quien contamina paga”, se involucran en la prevención y en la organización de la gestión de los desechos.

En el informe, la CNMC insiste en acelerar al máximo el desarrollo reglamentario de la normativa sectorial de residuos que aún no se ha adaptado al marco normativo.

La Comisión, además, sugiere a los órganos de cooperación multilaterales existentes en materia de residuos que adopten las medidas pertinentes para la aplicación real del principio de eficacia nacional de los Scrap.

La CNMC valora que se haya creado una autorización con validez nacional (principio de eficacia nacional) a la hora de constituir dichos sistemas.

Sin embargo, lamenta que, en la práctica, la validez de la autorización para acceder a los Scrap no se está aplicando de forma generalizada, puesto que la ley lo condiciona a un desarrollo reglamentario para cada tipo de residuo, y en algunos de ellos todavía no se ha producido.

Por todo ello, la CNMC señala en su informe que la necesidad de una autorización en cada comunidad autónoma para crear un sistema colectivo de gestión de residuos es una barrera de acceso al mercado con importantes efectos negativos sobre la competencia.

Así, implica costes en tiempo y tramitación, dificulta alcanzar economías de escala y puede limitar la eficacia como competidor de un sistema no implantado a nivel nacional versus otro que sí lo esté.

Por último, denuncia que la falta de autorización nacional consolida la posición de mercado de los sistemas ya instalados en detrimento de nuevos entrantes, y facilita que se generen situaciones de monopolio u oligopolio, como es el caso del flujo de los envases y residuos de envases.

(SERVIMEDIA)
30 Jun 2021
JBM/gja