Según explicó, la vigente normativa supera casi los 20 años y “no permite liberar el potencial de corresponsabilidad que este mecanismo de contribución al interés general supone”.

Para el responsable del Cermi, además, la urgencia de esta reforma se ha agudizado por la pandemia, que ha desencadenado “una devastación social sin precedentes”, lo que, en su opinión, exige la movilización de todos los recursos, también los de las empresas, inversores y particulares, que deben ser estimulados con un marco normativo “ambicioso y audaz”.

“El mecenazgo es un empoderamiento cívico, que manifiesta la voluntad de todos los actores sociales de corresponsabilizarse y aportar al bien común y la mejora colectiva”, declaró Pérez Bueno. A su juicio, los Estados “no son omnipotentes y necesitan el concurso de todas las fuerzas ciudadanas”, que, “para poder rendir, necesitan un ecosistema legal y tributario adecuado para maximizar su contribución”, subrayó.

Junto a la movilización masiva de recursos públicos, como los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia, el presidente del Cermi señaló que “es precisa” una movilización similar de todos los recursos privados, dirigida a fines de interés general, “que hay que espolear con una renovada legislación de mecenazgo”.