Así lo precisó este lunes Down Galicia en un comunicado en el que defendió que el acuerdo, presentado en un acto en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, cobra “especial importancia” para las entidades que conforman el Movimiento Down de Galicia tras la reciente publicación de la reforma legislativa que pone fin a la incapacitación judicial de las personas con discapacidad.

Dentro de las acciones propuestas, destacó las charlas informativas sobre la nueva legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; la resolución de dudas del ámbito jurídico que puedan surgir tras la aplicación del nuevo marco legislativo así como la creación de una relación de profesionales de referencia “alineados” con la Convención de las Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de las notarías en Galicia.

Junto a ello, citó la colaboración en las actividades o jornadas de formación, sensibilización e información que se lleven a cabo en este ámbito o la elaboración, publicación y difusión de distintos materiales divulgativos.

En el transcurso del acto, el presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto, hizo hincapié en la necesidad de contar con el “apoyo” del notariado gallego, que consideró “crucial para que la legislación que está a punto de entrar en vigor salga adelante”, e invitó a todos los profesionales del campo jurídico a “no centrarse únicamente en la discapacidad de las personas con síndrome de Down y descubrir lo mucho que tienen que ofrecer”.

Por su parte, el decano del Ilustre Colegio Notarial de Galicia, José María Graíño, resaltó que la nueva ley supone “un cambio de paradigma” y, como juristas “prácticos”, los notarios deben “ser proactivos para que se aplique en todo su contenido”.

A este respecto, aseguró que los notarios “asumen con mucha ilusión y responsabilidad” una ley que, a su entender, "adecúa nuestras normas jurídicas a principios éticos que se plasman en los derechos humanos”, entre los que se refirió a “la dignidad de las personas, la autonomía de la voluntad y la plena igualdad jurídica en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones de todos los ciudadanos”.

Finalmente, la directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona Martínez, indicó que la nueva legislación “consagra el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, sin añadir barreras a las personas con discapacidad”, e insistió en que la firma de este convenio supone el “empoderamiento” de las personas con discapacidad, así como “el cumplimiento de la toma de conciencia en relación a la igualdad de las personas”, además de que “también da cumplimiento” a la disposición adicional segunda relativa a la formación, “no solo al sector jurídico, sino también al sector de la discapacidad”.