Lo hizo en su informe ‘Russia: No place for protest’, en el que la organización documenta cómo la represión de las protestas pacíficas, que se inició con la Ley Federal sobre Reuniones de 2004, se ha acelerado en los últimos años a través de distintas reformas legislativas y de su aplicación “cada vez más selectiva y restrictiva”.

En ese sentido, Oleg Kozlovsky, investigador de Amnistía Internacional sobre Rusia, subrayó que las autoridades del país “llevan años reprimiendo el derecho a la libertad de reunión con increíble persistencia e inventiva. No ha habido otra cosa en la que pusieran tanto empeño en todos los niveles de poder”, hasta el punto de que “la protesta callejera pacífica ha llegado a ser considerada delito por las autoridades del Estado, y un acto de heroísmo por la población rusa que aún cree que tiene derecho a ejercerla”.

Amnistía Internacional explicó que de las 13 reformas legislativas más importantes utilizadas para para “restringir el derecho a la libertad de reunión pacífica en Rusia”, nueve han sido aprobadas desde 2014, “como parte de la represión de las protestas antigubernamentales y de los derechos humanos garantizados por el derecho internacional de los derechos humanos y de la propia Constitución rusa”.

Al mismo tiempo, las autoridades locales han introducido nuevas restricciones sobre el derecho de reunión pacífica, las cuales “han dado alas tanto a la policía, cuyos agentes emplean cada vez más tácticas de mano dura para acallar a manifestantes pacíficos, como al sistema de justicia penal, cuyos tribunales les imponen duras penas”.

De este modo, quienes han sido declarados culpable más de una vez en 12 meses consecutivos de “delitos contra el orden constitucional, la seguridad del Estado y la seguridad o el orden social”, o de infracciones administrativas relacionadas con protestas, tienen prohibido organizar reuniones públicas de todo tipo.

Tampoco se pueden celebrar reuniones cerca de sedes judiciales, prisiones, residencias presidenciales y, desde diciembre de 2020, servicios de emergencia.

A su vez, desde ese mismo mes de 2020 quienes han sido calificados como “agentes extranjeros” por las autoridades tienen prohibido financiar reuniones públicas, al tiempo que las concentraciones de más de 500 personas deben estar organizadas y financiadas con un número de cuenta bancaria asociado; de lo contrario, son ilegales.

Por otro lado, el Código de Infracciones Administrativas y el Código Penal “se han ampliado drásticamente” a lo largo de los años, con disposiciones que restringen el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y la imposición de sanciones más duras por varios delitos.

“Además de ser penalizadas por ejercer su derecho de protesta pacífica, las personas detenidas por manifestarse en Rusia son sometidas a juicios injustos que prácticamente son parodias de la justicia, ya que a veces las actuaciones sólo duran cinco minutos, no son llamados a declarar testigos clave y se admiten los informes policiales sin cuestionarse su veracidad”, dijo Oleg Kozlovsky.

Ante esta situación, Amnistía Internacional reclamó a las autoridades rusas que reformen la ley para ponerla en consonancia con la Constitución del país y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que se respeten y se consideren legítimas aquellas “reuniones pacíficas de carácter espontáneo” cuya celebración sea “imposible o inviable” notificar en el plazo legalmente establecido.

Asimismo, las autoridades deben respetar las reuniones pacíficas de carácter espontáneo, que se considerarán legítimas, cuando resulte imposible o inviable notificarlas en el plazo legalmente establecido.

“Con las elecciones parlamentarias que se celebran el próximo mes, Rusia tiene la oportunidad de cambiar su enfoque del compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión pacífica”, concluyó Oleg Kozlovsky.