En una declaración, la Comisión Permanente del CGPJ muestra su solidaridad con el pueblo afgano, y de forma especial con las personas que integran su Administración de justicia, “ante la gravísima situación política y social originada como consecuencia del derrocamiento de su gobierno legítimo por el ejército talibán, con su declarado propósito de instaurar un régimen teocrático”.

El órgano de gobierno de los jueces tiene palabras también de “solidaridad y preocupación aún más intensa” respecto de las juezas y de la totalidad de mujeres afganas, “cuyos derechos e incluso su propia vida e integridad física, se hallan en claro peligro”.

El CGPJ apela a la comunidad jurídica internacional “para que a través de los cauces pertinentes se exija a los gobernantes que detentan el poder en Afganistán el respeto a los derechos humanos y, en particular, que permitan el normal funcionamiento de la Justicia, factor esencial para la convivencia pacífica en cualquier país del mundo”.