Así lo manifestó su presidenta, Berta Viñas, que consideró “inadmisible” que se les nieguen los recursos y adaptaciones necesarias para acceder a la educación en igualdad de condiciones que sus compañeras y compañeros. En este sentido, destacó que las personas sordas “tenemos derecho a seguir las clases con normalidad” y, por tanto, a contar con la presencia de intérpretes de lengua de signos, materiales adaptados, y ayudas técnicas.

Sin embargo, recordó que lo más frecuente es que los intérpretes se incorporen “de forma tardía a las aulas”, y que “pocas veces cubran todo el horario lectivo”. “Y eso en el mejor de los casos”, lamentó Viñas, que acusa a la comunidad educativa de falta de compromiso con las necesidades comunicativas del estudiantado sordo.

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Juventud Sorda animó a alumnas y alumnos sordos a “rebelarse ante tal incumplimiento,” y puso a su disposición la guía de autodefensa para personas sordas de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) para que “puedan ejercer su derecho a réplica”.

ESTUDIO

En esta misma línea, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, apuntó que la Ley 27/2007, que reconoce el derecho de las personas sordas a elegir qué tipo de apoyos necesitan, “no se cumple en su totalidad” como tampoco lo hace la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reivindica la aceptación de la diversidad del alumnado sordo como primer paso para el cumplimiento de sus derechos. “La realidad es que cuando un alumno que utiliza audífonos o bucle magnético solicita un intérprete de lengua de signos, sus propios centros se lo deniegan”, recalcó Díaz.

De hecho, estudiantes sordos de educación postobligatoria lo reconocen así en el ‘Estudio sobre la Situación Educativa de la Juventud Sorda en España’, elaborado por la CNSE. “Nada justifica la presión y la incertidumbre a la que se les somete cada comienzo de curso”, criticó Díaz.

“Las consejerías de educación deberían proveer al alumnado sordo de profesionales cualificados con unas condiciones laborales dignas y una formación permanente que aseguren su buen desempeño”, afirmó. En cuanto a la actitud del profesorado, aseguró que la mayoría de los participantes en el estudio coinciden en que “tratan de facilitar su aprendizaje con los recursos de que disponen”, si bien reconocen que “no siempre saben cómo hacerlo”.

Por otro lado, Díaz hizo referencia a la situación que atraviesa la infancia sorda en el ámbito educativo y que en su opinión “no es alentadora”. Según denuncian las familias en el citado estudio, “encuentran muchos obstáculos a la hora de elegir una educación bilingüe intermodal para sus hijas e hijos sordos”, llegándoles a plantear incluso la obligación de definirse como oralistas o signantes. Una imposición que para la presidenta de la CNSE “carece de fundamento, ya que la lengua de signos y la lengua oral son complementarias y no excluyentes”.