Lo hizo en su primera comparecencia como ministra en la Comisión de Educación, donde explicó las líneas fundamentales de su departamento.

La inclusión educativa, recordó, es uno de los principios que debe sustentar el sistema, tal y como establece la Ley de Educación. Las administraciones deben proveer de los medios necesarios las escuelas ordinarias para que puedan atender a los alumnos y alumnas con necesidades especiales que así lo deseen y siempre con el acuerdo de las familias.

“Una mayor inclusión escolar es el camino correcto para asegurar el máximo nivel de inclusión social a lo largo de la vida para la mayoría de los niños y niñas con necesidades especiales”, señaló la ministra.

La escolarización en centros ordinarios como opción preferente es una política recomendada por los organismos internacionales y un derecho que muchas familias reclaman para la educación de sus hijos cuando tienen algún tipo de discapacidad o necesidad especial de apoyo, pero que ésta solo se hará con el acuerdo de las familias y asegurando la existencia de recursos técnicos y humanos especializados en el centro educativo, explicó la ministra.

Al mismo tiempo, destacó Alegría, los centros de educación especial seguirán desarrollando su labor con todos aquellos niños que necesiten un nivel de apoyo imposible de prestar en un centro ordinario. “Las familias de los 38.000 alumnos y alumnas que van a centros de educación especial pueden estar tranquilas”, recalcó Alegría.