Entre los fundamentos para recurrir el acuerdo, además de la extrema situación de la cabecera del Tajo, destacan su falta de garantías jurídicas y medioambientales, o no haber sido sometido a Evaluación Ambiental, "más aún cuando se produce en un tramo del río que afecta a lugares protegidos medioambientalmente, como la Sierra de Altomira o la Reserva Fluvial Sotos del Río Tajo", señala el acuerdo.

Asimismo, y además de que el contrato vulnera determinados artículos de la Ley de Aguas y del propio Plan Hidrológico del Tajo, según la Junta, "tampoco se identifican las fincas concretas que se pretenden regar con los 31,05 hectómetros cúbicos a los que se refiere el contrato".